Las tarifas de gas sufrirán desde octubre un aumento que no superaría el 30%, según lo confirmó el Ministerio de Energía luego de la audiencia pública en la que no hubo acuerdo, ya que distribuidoras exigieron incrementos de hasta el 200% y entidades de consumidores expusieron que el contexto del país no está para discutir una nueva suba.

Tras el encuentro, la cartera que conduce Javier Iguacel informó que “el aumento final a partir de octubre en la factura de gas para los hogares, a igual consumo del año pasado, no superaría el 30 por ciento, por debajo de lo que se espera sea el alza del Indice de Precios al Consumidor de 2018”.

Desde Energía emitieron un comunicado en el que argumentaron: “Esto es gracias a que la producción nacional de gas sigue en alza por las inversiones en Vaca Muerta en los últimos 18 meses. Más producción permitió una rebaja de un dólar por millón de BTU (de 5,20 a 4,20) en el gas natural para las usinas de generación eléctrica anunciada en agosto de este año”.

Sin embargo, durante la audiencia, llevada a cabo por el ente regulador ENARGAS en el Centro Metropolitano de Diseño de la Capital Federal y de la que participaron más de 60 oradores, algunas compañías pidieron entre 50 y 200% de reajuste.

Del otro lado, el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, expresó que “el gobierno tomó postura a favor de los poderosos y no quiere escuchar”, a la vez que apuntó: “No pidan responsabilidad al laburante que no puede pagar la factura o que se endeudó para pagar la última boleta de gas”.

“La ausencia del Estado y del ENARGAS da vergüenza ajena, lo único que hacen es cuidar los intereses de las empresas. No sabemos cómo vamos a pagar la próxima factura, cómo vamos a llegar a fin de mes, ni cuál es el valor del dólar ni la inflación. No sabemos nada y ustedes quieren certeza y pretenden que la pague la gente a la que le aumentaron todos los servicios públicos un 300, 500 o 1.000 por ciento”, disparó Lorenzino.

Y concluyó: “Si ustedes no entienden que la paz social se construye en esos ámbitos donde toman decisiones, no entienden qué se está poniendo en juego. Estamos indefensos ante directivos de empresas que siguen haciendo negocios, nos toman el pelo y, lamentablemente, el Estado no salda las diferencias entre poderosos y débiles, porque toma posición a favor de los que más tienen”.