El detenido empresario Lázaro Báez y sus cuatro hijos se sentaron por primera vez en el banquillo de los acusados para enfrentar un juicio oral por lavado de dinero obtenido de manera ilícita con obra pública durante el kirchnerismo, en la causa que es conocida como “la ruta del dinero K”.
Los Báez y otros 20 procesados, que están acusados por maniobras para ingresar al circuito financiero legal al menos 60 millones de dólares, reclamaron ante el Tribunal Oral Federal 4 la suspensión del juicio aludiendo distintas irregularidades. Los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene, cuando resolverán sobre la catarata de planteos hechos para frenar el juicio.
El abogado de Báez, Victor Hortel, abrió la etapa dedicada a las cuestiones previas al mediodía al reclamar la nulidad de la elevación a juicio y pidió que se suspenda el debate hasta que se resuelva una recusación presentada para apartar al juez suplente del caso, Rodrigo Giménez Uriburu.
Al planteo del abogado siguieron los de otros defensores de los 25 acusados, entre ellos los cuatro hijos de Báez (Martín, Leandro, Luciana y Melina).
Con distintos argumentos, las defensas se sumaron al planteo sobre este juez, quien desde febrero integrará el Tribunal Oral Federal 2 que iniciará el juicio contra la ex presidenta Cristina Fernández y otros acusados por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.