Boudou, preso en el penal de Ezeiza, está acusado de rendir gastos con facturas apócrifas y con falsedad de los montos por gastos eventuales consignados, los cuales justificaron con comprobantes falsificados presentados en la rendición de gastos de los expedientes referidos.

Meses atrás, el juez federal Arial Lijo decidió ampliar el procesamiento del exvicepresidente, tras la declaración de la traductora Ana Ruth Juaréz, quien señaló que las supuestas facturas por sus servicios no eran verdaderas.

La intérprete participó de la reunión de ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 en París, y según el Ministerio de Economía cobró dichos servicios por 3.050 euros. Sin embargo, la mujer detalló que “los servicios de traductorado se cobran entre 600 a 1.000 euros” como máximo.

Desde ese momento, se descubrieron nuevas facturas apócrifas, correspondientes a unos 23.800 euros en facturas de traducción y alojamiento en París entre 2010 y 2011.

Según la Justicia, tanto Boudou como Guido Forcieri (su ex jefe de gabinete) y Cachi Romano (secretario privado), “tenían a su cargo la administración de los montos asignados por gastos eventuales”.

Este será el tercer juicio oral que enfrente Boudou, después del vinculado a la causa Ciccone y a de los papeles truchos utilizados para la transferencia de un vehículo.