El texto de la ley tomó como base el proyecto presentado por el diputado José Ottavis del bloque Frente Amplio Justicialista y se unificó en un solo dictamen a partir de aportes de diferentes proyectos de distintos bloques legislativos, como Cambiemos, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador.

Los legisladores marplatenses Alejandra Martínez y Juan Manuel Cheppi, ambos integrantes del Bloque que impulsó la iniciativa, celebraron la aprobación del proyecto y explicaron que fue el resultado de mucho tiempo de trabajo, reuniones y mesas de diálogo con el aporte de distintos sectores y la colaboración de diferentes Asociaciones de Inquilinos del país.

En ese sentido, la diputada Martínez, presidenta del bloque, sostuvo que “estamos muy conformes porque este es un gran paso en el camino de lograr una mayor protección para los inquilinos de la provincia de Buenos Aires, que en la situación legislativa en la que nos encontramos hasta ahora están expuestos a muchos abusos y dificultades”.

Asimismo, sostuvo que “afrontar el valor de los alquileres de viviendas ya es muy difícil y sumado a los costos elevados de ingreso a un contrato de alquiler, que además debe renovarse cada dos años, resulta muchas veces en que incluso los inquilinos deban endeudarse o vean muy complicado su acceso”.

Por su parte, el diputado Cheppi aseguró que “si bien nunca hay que perder de vista que en nuestro país, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, el problema de raíz es la falta de acceso a la vivienda propia, entendemos que si un gran porcentaje de la población se ve obligada a alquilar necesitamos empezar por lograr una ley que defienda sus derechos al momento de hacerlo”, y agregó: “El acceso a la vivienda es un derecho y no podemos dejarlo simplemente a la merced de las condiciones y las reglas del mercado”.

El proyecto de ley en cuestión, que cuenta con el apoyo y acompañamiento de la Federación Inquilinos Nacional y de la Asociación Platense de Inquilinos, quienes desde el inicio aportaron su posición durante el debate en la Cámara de Diputados, establece que los nuevos inquilinos no tendrán que hacerse cargo de gastos de honorarios y de ningún gasto vinculado al corretaje cuando el valor del alquiler no supere una vez y media el monto el monto establecido para un salarios Mínimo, Vital y Móvil, garantizando la gratuidad en materia de costos a quienes más lo necesitan y para la mayoría de los alquileres.

Además, incorpora que en todo anuncio publicitario de alquileres deberá hacerse visible en una leyenda que exprese que se encuentra prohibido el cobro de honorarios y gastos vinculados al corretaje a los inquilinos al momento de firmar un contrato.

En otro de los beneficios de la ley se establece que en la renovación de los contratos, los honorarios serán cómo máximo del 1% y estarán solo a cargo del locador.