La iniciativa legislativa impulsada por el intendente Carlos Fernando Arroyo impone como sanciones el secuestro del vehículo y para su conductor la imposición de una multa entre 10 y 50 sueldos mínimos del personal municipal, con más accesoria de inhabilitación para conducir por el plazo de 180 días hábiles.
En caso de reincidencia las multas oscilarán entre 15 y 60 sueldos, y la inhabilitación por el plazo de 360 días. Además será infraccionado con los mismos montos el titular registral del vehículo, en el supuesto de no haber coincidencia de identidad con la del conductor.
La difusión del servicio en cuestión dará lugar a la imposición de una multa, para las personas físicas o jurídicas responsables del hecho graduable entre 50 y 80 sueldos minimos del personal municipal. En caso de reincidencia las multas serán entre 70 y 90 sueldos.
Ante una barra colmada por propietarios y peones de taxis y remises, a instancias de una moción del concejal de Acción Ciudadana, Balut Tarifa Arenas, se procedió a la votación nominal del expediente, que fue aprobado 21 votos contra 1.
En contra votó Angélica González de la Coalición Cívica(Cambiemos) alineada con Elisa Carrió y con el defensor a ultranza de UBER en la ciudad, Guillermo Castello.
En tanto que Guillermo Volponi del PRO(Cambiemos) se abstuvo y estuvo ausente, Alejandro Carrancio de CREAR(Cambiemos), que después de tratado el tema se sentó en su banca.
Los taxistas y remiseros festejaron lo aprobado, dieron las hurras y se retiraron del recinto de sesiones más tranquilos a la calle para ocupar sus vehículos y volver al trabajo.
Informe-gentileza Roberto Latino Rodríguez.