El procesamiento lo había dictaminado en primera instancia el juez Sebastián Casanello y se le trabó un embargo de 70.412.000 pesos.
El fallo del Tribunal de Apelaciones recayó sobre Echegaray y su ex segundo en el organismo, Angel Toninelli, según la resolución de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
"El suceso que se les atribuye a los imputados, en lo sustancial, consiste en haber obstruido -Echegaray, en su calidad de titular de la AFIP, y Toninelli, como titular de la Dirección General Impositiva de dicho organismo- el avance de las fiscalizaciones iniciadas entre mayo y julio de 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca, respecto de las empresas Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cia. S.A., entre otras", recordaron los camaristas.
El Tribunal confirmó los procesamientos dictados en el caso por el juez federal Sebastián Casanello, el magistrado que detuvo y envió a juicio a Báez y a sus cuatro hijos por presunto lavado de dinero.
"Existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido a esta altura de las actuaciones, la existencia del hecho investigado y la responsabilidad endilgada a los imputados", concluyeron los camaristas al confirmar los procesamientos.
Las fiscalizaciones a empresas que facturaban para las firmas de Lázaro Báez mostraban un "avance significativo y denotaban la existencia de un fraude tributario mediante la utilización de facturación apócrifa, cuyo beneficiario era presuntamente en forma directa o indirecta, dependiendo del caso, la empresa Austral Construcciones S.A., cuyo accionista mayoritario (95 %) es Lázaro Antonio Báez".
"Las irregularidades detectadas en esas firmas y vínculos con Austral Construcciones S.A., que surgieron con el devenir de las fiscalizaciones referidas, habrían derivado en la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca -mediante las disposiciones AFIP n° 299/12, dictada por Ricardo Echegaray y n° 285/12 SGRH- (obrantes a fs, 214/227 y 246/51), provocando reubicaciones de cargos", añadió la resolución judicial.
Las fiscalizaciones pasaron a la nueva División Fiscalización 5, dependiente de Mar del Plata, "lo que provocó que perdieran el curso que venían alcanzando en torno a la afirmación de la existencia de facturas apócrifas por supuestos servicios prestados en favor de Austral Construcciones S.A., de parte de las firmas antes referidas".
Además, "en ese contexto y luego de la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca, concretamente el 1° de noviembre de 2012, Ángel Rubén Toninelli realizó un viaje en un vuelo privado que compartió con su hijo y con Martín Báez, desde el aeropuerto de San Fernando hasta la ciudad de Río Gallegos, ciudad de residencia de Lázaro Báez y asiento operativo de la firma Austral Construcciones SA".
La aeronave usada "resultó ser propiedad de la firma Top Air S.A., que en su mayoría pertenece a ACSA y era regularmente utilizada por Lázaro Antonio Báez", concluyeron los jueces.