La pobreza infantil en la Argentina aumentó a su nivel más alto en la década y afecta al 51,7% de los niños y adolescentes del país, según el último informe del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina.
El reporte muestra que, de ese 51,7% de niños y adolescentes, un 29,3% tiene un déficit en sus comidas, mientras que un 13% pasó hambre. Además, la asistencia de los menores a comedores infantiles creció de forma constante y trepa al 35%.
La investigación se realiza de forma anual desde 2010 y durante el kirchnerismo se tomó como referencia ante la manipulación (o directamente ausencia) de cifras oficiales del INDEC. La UCA analiza las inequidades asociadas a cada dimensión de los derechos del niño: se relevan datos sobre alimentación, salud, hábitat, subsistencia (pobreza), crianza y socialización, información, educación y trabajo infantil.
De estos datos, los que se analizan para determinar la pobreza son alimentación, hábitat y salud: fueron los tres aspectos que muestran lo preocupante de la situación actual. Más del 40% de niños, niñas y adolescentes están en situación de pobreza extrema. En los primeros datos que se publicaron en abril de 2019, ya se alertaba que el aumento de la pobreza en el país "afecta de modo particular a las infancias" y se plasma "con crudeza" en el incremento de las privaciones alimenticias.
El informe del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la UCA expone además que, de los 51,7% de los adolescentes y niños que viven en la pobreza, un 10,2% de ellos son indigentes. En el último periodo interanual de 2018 medido, la cifra de pobreza infantil aumentó de 48,1 a 51,7%, de acuerdo a las estimaciones de la Encuesta de la Deuda Social Argentina.
En términos de distribución geográfica, la zona que mostró mayor índice de pobreza es el Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, donde el número asciende a 63,6% y superó al 54,2% medido en el año anterior. De esa cifra, un 15,4% son indigentes.
Otro eje central preocupante es el déficit habitacional, es decir, la precariedad de las viviendas en que viven los niños y adolescentes, que afectó en 2018 a casi el 24% de la infancia, mientras que la situación de hacinamiento llegó al 23,4%.
“Los indicadores de déficit del hábitat de vida son elevados y sostenidos en su evolución en el tiempo, salvo el déficit en las condiciones de saneamiento que sigue una tendencia positiva y con merma de la desigualdad”, detallaron en el informe.
Respecto al acceso a la salud, el documento sostiene que en los últimos tres años, la cobertura de salud pública aumentó cerca de un 10 % en niños y adolescentes de entre 0 y 17 años. Más de la mitad de ellos tiene como única opción la atención pública, y ese porcentaje sube al 63% en casos de chicos que viven en el Conurbano.
Otro de los pilares para el bienestar de los menores, la educación, muestra que el 67% de quienes asisten a primaria y secundaria lo hacen en escuelas de gestión pública. El trabajo infantil urbano, en tanto, continuó con una tendencia a la baja, pero en el último período interanual aumentó y alcanzó un 15.5%, puntualmente en estratos medios y altos.