La tarea estará a cargo del Ministerio de Justicia, encabezado por Germán Garavano, que se encargará de tomar todos los testimonios e información de personas que hayan sufrido o tengan conocimiento de este tipo de hechos. Será a partir del 24 de julio.
Esos datos serán luego analizados y se evaluará su remisión a los organismos internacionales competentes, con la intención de contribuir a detener y remediar estos delitos, según se informó oficialmente.
En caso de ser necesario, se reservará la identidad de quienes concurran a realizar las denuncias, de acuerdo con lo que establecen los estándares mundiales.
Además, las autoridades argentinas invitaron a distintas instituciones de la sociedad civil a participar como observadores de este operativo.
De acuerdo con lo que precisó el Gobierno, esta decisión se tomó en el marco del informe que elaboró la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el que cuestiona duramente la situación de Venezuela.
Además, explicaron que con este tipo de tareas están dando cumplimiento de los compromisos y obligaciones internacionales que firmó el país en esta materia.
Las denuncias se podrán hacer en el Centro de Orientación a Migrantes, ubicado sobre la calle Presidente Luis Saenz Peña al 1626, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 24 y 27, y entre el 29 y 31 de julio, de 10 a 20.