Desde la entidad empresaria explicaron que la comunidad internacional debate un instrumento “jurídicamente vinculante” sobre conservación que de avanzar en los términos propuestos afectaría el desarrollo de la actividad a nivel local.

“El texto en cuestión, sin importar que la actividad pesquera ya está regulada y sometida a una gestión responsable, desarrolla una nueva gobernanza, prevaleciendo la conservación por sobre el uso sostenible de los recursos”, alertó el presidente de CAABPA, Diego García Luchetti.

La aplicación del acuerdo se está proyectando en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.

Sin embargo, las eventuales nuevas Áreas Marinas Protegidas, previstas como instrumentos de protección para las distintas especies fuera de las 200 millas, podrían estar interconectadas en red con zonas similares dentro del Mar Territorial. Este último aspecto aumenta la inquietud de los armadores de Mar del Plata.

“Directamente se implantan sobre los órganos y marcos jurídicos existentes y desplazan la soberanía del Estado en el acceso a la alta mar, depositando las facultades de decisión hacia un nuevo grupo de poder -el Grupo Científico y la Conferencia de las Partes- en detrimento de los Estados ribereños”, detalló García Luchetti.

El dirigente, además, criticó la influencia de grupos radicalizados en la iniciativa: “Evidentemente sectores conservacionistas radicalizados han estado liderado el proceso en Naciones Unidas, facilitando que el pretendido tratado prevea la creación de extensas Áreas Marinas Protegidas en los caladeros de pesca”, dijo.

En la Cámara de Armadores entienden que si la Argentina y los países con una industria pesquera fuerte no negocian correctamente el texto, podrían verse afectados miles de personas que dependen económicamente de la actividad de manera directa o indirecta.

“Confiamos en que nuestra Cancillería y demás autoridades en materia pesquera, como la Subsecretaría de Pesca de la Nación y el Consejo Federal Pesquero, tomen nota y eviten que se ponga en jaque el desarrollo pesquero argentino”, cerró García Luchetti.