Se trata de la disputa entre las provincias no oficialistas y la administración central por las medidas que el Presidente anunció tras la derrota electoral en las elecciones primarias para impulsar el consumo interno y morigerar el impacto de la devaluación.
Fuentes judiciales señalaro que al menos seis de las presentaciones solicitan a la Corte Suprema que atienda el caso de forma urgente, debido a “los riesgo de desfinanciamiento” de las jurisdicciones provinciales.
Piden la inconstitucionalidad de los decretos 561 y 567 al considerar que modificaron leyes que regulan la coparticipación de lo que se recauda por Ganancias, el IVA y los regímenes del monotributo y de autónomos.
Los gobernadores que fueron a la Corte son los de, Formosa, Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Misiones y San Juan.
El gobernador de Salta y candidato a la vicepresidencia por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, aseguró que las presentaciones se hicieron porque “hay un claro desfinanciamiento” a los gobiernos provinciales.
“Estas medidas desfinancian al Estado y la mitad del beneficio queda en la cadena de comercialización, no llega al consumidor”, dijo Urtubey en declaraciones radiales.
El salteño dijo que los gobernadores no están en contra de que se alivie el bolsillo de los consumidores sino de la forma “inconsulta” e “improvisada” que lo llevó adelante el Gobierno nacional, sin reparar en que las provincias tienen presupuestos y compromisos por cumplir.
Por el momento no accionaron los gobiernos de Córdoba, Chaco y Entre Ríos, que estuvieron en las discusiones que se llevaron a cabo la semana pasada en la Comisión Federal de Impuestos (CFI).
Mientras tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, alista las convocatorias unilaterales para las provincias, con la idea de llegar a un punto de acuerdo con cada uno de los gobernadores.
Por el momento, en Hacienda ratifican que “no hay recursos” para compensar a las provincias y desdramatizan la situación asegurando que el impacto fiscal para ellas es de 3.300 millones de pesos y no de 50.000 millones como dicen los gobernadores.
De esas negociaciones participarán Frigerio, el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero y el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli. La idea es resolverlo a nivel técnico y político.
Por otro lado, las provincias con gobernadores oficialistas como Buenos Aires, la Capital Federal, Corrientes, Jujuy y Mendoza aún no se han expresado públicamente sobre el impacto fiscal de las medidas anunciadas por el Presidente.