Cabe señalar que los representantes de las empresas hicieron un descargo ante la comuna que fue rechazado por el intendente Carlos Fernando Arroyo, a través de un decreto en donde se establece que, “cuando una empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su normalización”.

Es importante destacar que tampoco existió una situación de caso fortuito como alegaran las empresas, dado que al ser conocida por las concesionarios la medida de fuerza de la UTA, debieron ser previstas para evitar la falta de servicios.

De esta manera, al constatarse que se incurrió en un incumplimiento a dicha obligación contemplada en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la concesión del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros.

Según lo establecido, sostienen desde la Comuna que, "se aplicarán sanciones económicas conforme a la normativa".