La Justicia pidió al Gobierno argentino revelar información sobre el procedimiento por el que el año pasado logró un crédito de US$ 57.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se trata de una causa que pone en duda la legitimidad del trato acordado por el presidente Mauricio Macri.
El acuerdo finalmente no impidió que la Argentina cayera este año en una profunda crisis, que implicó el derrumbe de su moneda y la consecuente aceleración de la inflación y el aumento de la pobreza.
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al pedido de amparo impulsado por un grupo de abogados y organismos sociales que consideran que el proceso de toma del crédito debería anularse por groseros errores administrativos.
"El expediente administrativo a partir del cual resultó la decisión de contraer el crédito es de fecha posterior a la toma.
Estamos frente a un evento de consecuencias muy importantes", dijo Andrés Bernal, uno de los abogados que realizó la presentación judicial.
Bernal enumeró otros errores administrativos que oscurecen el proceso mediante el cual el Gobierno de Macri logró la toma del préstamo.
En los próximos días, el FMI debe decidir si libera el último tramo del crédito, cuyo otorgamiento no está claro.
Algunas de las medidas que Macri tomó en las últimas semanas para lidiar con la feroz crisis -que implicarían un mayor déficit fiscal- podrían ser cuestionadas por el organismo.