El Concejo Deliberante de General Pueyrredon llevará a cabo este lunes 23 de septiembre a las 10.30 una jornada de trabajo para analizar la difícil situación económica que padecen los comercios de diferentes rubros de la ciudad, por el incremento de las tarifas de los servicios públicos, impuestos y tasas municipales,y proponer medidas tendientes a reducir la presión impositiva, a fin de garantizar su continuidad.
Dicha actividad, impulsada por el concejal radical Mario Rodríguez y aprobada por unanimidad, se realizará en momentos en los cuales Mar del Plata lidera otra vez el ranking nacional de desocupación con un 13.4%, casi 3 puntos por encima de la media nacional, que es de 10,6%, según datos del segundo trimestre de 2019, difundidos por el INDEC. Esto implica que hay 42 mil marplatenses sin trabajo.
Recientemente, más de cien comerciantes gastronómicos de Mar del Plata solicitaron que se declare la emergencia económica, por la crisis que atraviesa el sector, ante la caída en el consumo y el aumento en el precio de los insumos y los servicios públicos. Desde distintos sectores han alertado que “cuando baja la actividad, cae la contratación de personal eventual, lo que perjudica sobre todo a jóvenes, estudiantes y mujeres”.
En el marco de los sucesivos aumentos de las tarifas por los servicios de gas y electricidad, por iniciativa de varios concejales se sancionó una comunicación por la cual se solicita al Departamento Ejecutivo arbitre las gestiones necesarias, tendientes a brindar una solución adecuada a la problemática estructural que denuncian los empresarios PYME del distrito.
Han sido a participar de la jornada de trabajo, representantes del Departamento Ejecutivo, Concejales, propietarios de comercios de diferentes rubros de la ciudad, integrantes de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), del Sindicato de Empleados de Comercio, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) y otras cámaras de empresarios, etc.
Algunos de los puntos a tratar tienen que ver con la necesidad de reducir los costos de implementación de la Ordenanza 20002, que regula los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos voluminosos, con los costos por los rubros de instalación de mesas y sillas y los denominados "cerramientos" y por la incidencia de los mínimos de la Tasa de Seguridad e Higiene.