El presidente Lenín Moreno prohibió la circulación por la capital a fin de contener el estallido social. El saldo hasta el sábado era de seis muertos y más de 2.000 heridos y detenidos.

Lenín Moreno, impuso este sábado el toque de queda y la militarización de Quito y sus alrededores, ante las violentas protestas que encabezan los indígenas contra ajustes económicos pactados con el FMI.

La medida, que empezó a regir a partir de las 15 locales, prohíbe la circulación por esta capital de 2,7 millones de habitantes.

"He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inmediatamente, tomar las medidas y operaciones que sean necesarias", señaló el mandatario en un breve mensaje a la nación flanqueado por su vice, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El mandatario endureció en Quito el estado de excepción nacional que había impuesto el 3 de octubre y bajo el cual movilizó a las Fuerzas Armadas, en un intento por contener el estallido social iniciado hace 11 días.

Amparado en esas facultades, que en principio permiten restringir algunos derechos por 30 días, ya había dispuesto el toque de queda nocturno alrededor de los edificios públicos de la capital.

La drástica medida siguió al anuncio del movimiento indígena de aceptar el diálogo directo propuesto por el mandatario para buscar una salida a la severa crisis, en medio de nuevos y cada vez más violentos focos de violencia.

Este sábado las manifestaciones derivaron en el asalto al edificio de la Contraloría, que fue incendiado y saqueado por manifestantes encapuchados. La sede quedó envuelta en una espesa humareda.

Cerca de ahí, en los alrededores de la Asamblea Legislativa, manifestantes indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno, según periodistas de AFP.

La fuerza pública reforzó el control en esa zona tras el breve asalto del Congreso el pasado martes por manifestantes.

Moreno sigue la crisis desde el puerto de Guayaquil, adonde trasladó la sede de gobierno después de declarar el estado de excepción.

En su corto mensaje, Moreno agradeció la decisión de los indígenas de sentarse a dialogar cara a cara, aunque no reveló ni cuándo ni dónde comenzarán las conversaciones.

El presidente insistió sin embargo en que restablecerá "el orden en todo Ecuador" y decretó la militarización completa de Quito cuando miles de manifestantes estaban en las calles.

El gobierno dio un plazo de media hora para que los indígenas que protestan se concentraran en un coliseo y centros de acogida en universidades.

Desde que estallaron las manifestaciones han muerto seis civiles y se registran 2.100 heridos y detenidos, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo.

En medio del rebrote de la violencia, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) dijo que había decidido finalmente "participar" en un encuentro con el mandatario después de "un proceso de consulta con las comunidades".

El viernes había dicho que la propuesta "carecía de credibilidad" e insistía en que solo se sentaría a conversar cuando se derogara el decreto que eliminó los subsidios de los combustibles y encareció los precios en hasta 123% de la gasolina y el diésel.

Sin embargo, la Conaie reconsideró su negativa inicial e incluso se mostró dispuesta a conversar sobre "la derogatoria o revisión del decreto".

Los indígenas también habían rechazado un primer acercamiento planteado por el gobierno a instancias de la ONU y la Iglesia católica. Y decidieron radicalizar sus acciones mediante el bloqueo de vías y la toma de instalaciones ante la muerte de un responsable indígena.

El descontento social con sus reformas económicas sumió en una espiral de caos a Quito e interrumpió el transporte de petróleo -la mayor fuente de divisas- por el principal ducto del país a causa de la ocupación de pozos en la Amazonía.

Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos.

"Es indispensable frenar la violencia", clamó Moreno el viernes después del llamado de la dirigencia a radicalizar la protesta y abrir la opción de una negociación directa.

En el poder desde 2017, el gobernante enfrenta su mayor crisis debido a los ajustes económicos que impuso a cambio de préstamos por 4.200 millones de dólares que contrajo con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal que achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de su antecesor y exaliado Rafael Correa.

Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.