El fiscal Franco Picardi pidió determinar si la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y funcionarios de esa cartera desarrollaron un plan destinado a utilizar, fuera del marco legal, sus atribuciones, con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto entre comunidades mapuches y propietarios de tierras, en beneficios de estos últimos.

En su dictamen el fiscal apuntó a negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

En su presentación a la jueza María Eugenia Capuchetti, el fiscal pidió compulsar otro expediente en el que se investigan hechos de espionaje a la familia Maldonado que podrían ser de interés para la causa.

La causa judicial se inició a raíz de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que advirtió que funcionarios del Ministerio de Seguridad habrían encabezado desde diciembre del año 2015, "un plan organizado con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios" de poderosos.

En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió investigar si se realizaron tareas de inteligencia ilegal, en coordinación con carabineros de Chile para involucrar falsamente a personas, y "construir en la figura del RAM una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente , con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas".

El fiscal pidió además saber si los funcionarios del presidente Macri utilizaron recursos estatales para manipular investigaciones penales, y encubrir su responsabilidad en ellas.