El fiscal general de la Cámara Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, formuló de oficio una denuncia penal para que se investiguen las sospechas públicas sobre nombramientos de personal irregulares en los últimos seis meses de la gestión de Carlos Arroyo.

Pettigiani tomó en cuenta las expresiones de la concejal de la Angélica González de la Coalición Cívica, el de Unidad Ciudadana Balut Tarifa Arenas, Alejandro Rabinovich –hombre de confianza del intendente electo, Guillermo Montenegro– y el Sindicato de Trabajadores Municipales sobre designaciones en la planta permanente y política de la administración central, los entes descentralizados y Obras Sanitarias sin cumplir los requisitos estipulados en la normativa vigente.

“Las denuncias en medios públicos fueron realizadas por todo el arco político institucional”, advierte el fiscal. Y asegura que se han puesto en relieve “supuestas irregularidades llevadas a cabo por la administración municipal, las cuales deberán ser investigadas por la Justicia y eventualmente determinar las correspondientes responsabilidades”.

Las sospechas sembradas “permiten presumir, en caso de constatarse, la comisión de hechos ilícitos, los cuales quedarían subsumidos al menos en el delito previsto” de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, señala la denuncia, que fue presentada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata.

Como medidas de prueba, el fiscal propuso que, entre otros, se tome declaración testimonial al intendente electo, Guillermo Montenegro. También al secretario general del STM, Antonio Gilardi, a Rabinovich y a los concejales González y Tarifa Arenas.

Solicitó además que se libren oficios a la administración central y a OSSE para que informen la nómina de personal efectivo, contratado y transitorio.

Pettigiani mencionó el pedido de informes redactado por Tarifa Arenas y presentado por el bloque de Unidad Ciudadana del Concejo Deliberante para conocer los movimientos de la planta política del municipio. Ese expediente busca que el Ejecutivo detalle el número total, la fecha del alta, la dependencia a la que fue asignado cada agente, el cargo y el fundamento de la designación.

También citó palabras de la concejal González –autora de un proyecto de ordenanza para prohibir los nombramientos en los últimos seis meses de la gestión–, quien solicitó terminar con las designaciones “de último momento” y dijo que el intendente “está desesperado por dejar a su gente acomodada en el Estado antes de irse del gobierno”.

Incluso recordó la frase de Rabinovich sobre una “retirada a lo cowboy” del gobierno de Arroyo, en la que “designan familiares, amigos y parientes para poder quedarse”.

Por último, la denuncia destaca la nota que le envió el sindicato municipal al intendente en la que advierte sobre reencasillamientos por fuera de la Junta de Ascensos y Calificaciones.

El fiscal consideró “sumamente importante la investigación de los hechos” denunciados para establecer “la responsabilidad de los funcionarios públicos municipales” en actos “que importen extralimitación, transgresión u omisión de sus deberes”