El juzgado de Rodolfo Canicoba Corral amplió las pruebas a la causa de los Peajes que investiga a la familia de Mauricio Macri y a varios de los funcionarios del ejecutivo nacional por fraude y abuso de autoridad.

Se trata de dos informes judiciales en los que se señalan “maniobras de evasión impositiva, distribución encubierta de dividendos, obras incumplidas y endeudamiento temerario”.

El caso en cuestión, apunta a Autopistas del Sol S.A, empresa que consiguió la extensión de la concesión de los peajes hasta el 2030 durante el gobierno de Cambiemos, sin llamado a licitación, y de la que la familia Macri es accionista.

Asimismo, los documentos provenientes del exórgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) fueron ignorados por la gestión de Javier Iguacel. Incluso el Gobierno le reconoció una bonificación de 500 millones de dólares.

Cabe recordar, que el diputado nacional y principal denunciante Rodolfo Tahilade involucró al presidente, al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ex ministro de acienda Nicolás Dujovne y al ex Director de Vialidad, Javier Iguacel.

“Los informes demuestran un manejo económico y financiero sumamente irregular, movimientos de dinero al exterior poco transparentes y una evasión impositiva gravísima”, señala el escrito ingresado al juzgado N°6, de Comodoro Py.

Por otro lado, el legislador de Río Negro solicitó al juez que, además de sumar los informes al expediente, llame como testigo a quien los elaboró en 2015, el ex titular de Occovi Gustavo Gentili.

En tanto, el querellante asegura que el levantamiento de la intervención a la empresa “deja al descubierto los intereses de la empresa de la familia presidencial, produciendo un daño al patrimonio público y a millones de usuarios”.

“Además, confirma que los funcionarios imputados omitieron deliberadamente estos informes a la hora de afrontar la negociación por la demanda ante el CIADI y la renegociación de los contratos de concesión”, finalizó Thahilade.

A menos de cinco meses de iniciada la investigación, las pruebas continúan apuntando a la familia presidencial como involucrada en los posibles delitos de fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.