los diputados Felipe Solá y Victoria Donda, entre otros, pidieron este lunes al senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich que se tome licencia de su banca mientras avanza la denuncia por violación que le inició la semana pasada su sobrina segunda y ex asistente personal.

También se hicieron eco del pedido el legislador Leonardo Grosso y la electa diputada por el Frente Renovador Malena Galmarini, a pesar de que el propio Alperovich rechazó que vaya a tomarse licencia porque, afirmó, "no hice nada" y la denuncia "es una chantajeada".

"Si yo fuera él, me pediría una licencia hasta que se defina el tema", afirmó Solá, señalado como probable ministro de Relaciones Exteriores de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre, en declaraciones a radio La Red.

Por su parte, Donda había reclamado este fin de semana que el senador debería "tomarse licencia hasta que la Justicia determine su responsabilidad", a lo que agregó que el hecho de que Alperovich "siga siendo senador es una verdadera vergüenza".

"Lo que no podemos hacer es convertirnos en cómplices", afirmó Donda en una entrevista con Radio Nacional.

En el mismo sentido se expresó Grosso, que reclamó al ex gobernador tucumano que se ponga a disposición de la Justicia para aclarar las graves acusaciones de su sobrina, y "que lo haga sin una banca que lo ampare".

"No vamos a hacer la vista gorda frente a una persona que expone y difama públicamente a una víctima de abuso", sentenció Grosso a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

Galmarini también se solidarizó con la denunciante y dijo que "el relato de la sobrina del senador Alperovich es estremecedor".

"Sin lugar a dudas, romper el silencio es un acto de valentía que requiere de mucha fuerza", apuntó Galmarini a través de un mensaje por esa red social, que acompañó con las etiquetas "#NoNosCallamosMas" y "#YoTeCreo".

Y agregó: "La única forma de terminar con esto es no callarse. Te abrazo y estoy con vos".

Alperovich cuenta con inmunidad de arresto por los fueros parlamentarios que le conceden los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional, que impiden a otros poderes del Estado "acusar, molestar y detener" a los representantes del Congreso por razones políticas.

Sin embargo, la Justicia puede investigarlo, citarlo a declarar y hasta condenarlo, aunque en caso de que un juez pidiera su encarcelamiento, la propia Cámara de Senadores debería sesionar para avalar su desafuero a través de una votación con mayoría simple (la mitad más uno de los presentes).