El Senado aprobó por unanimidad que el pedido de licencia presentado por el legislador José Alperovich, denunciado por violar a su sobrina. Estará ausente en su banca por seis meses, sin goce de sueldo.

El ex gobernador tucumano regresó hoy al país procedente de Miami, Estados Unidos, donde se encontraba de vacaciones cuando se conoció la denuncia por abuso sexual en su contra por parte una sobrina.

El vuelo 7821 de Latam que lo trajo de Miami aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 6.42.

Tras su arribo, el ex gobernador de Tucumán ratificó el pedido de licencia por tiempo indeterminado tras la denuncia por violación formulada en su contra por una sobrina, con una nueva carta enviada esta mañana al Senado.

"Tengo el honor de dirigirme a Usted a fin de ratificar expresamente mi solicitud de licencia", comenzaba el escrito que el legislador envió de manera digital a las autoridades del Senado.

Alperovich había enviado otra misiva a la Cámara alta en la que rechazaba los términos de la acusación y anticipaba su solicitud de licencia por tiempo indeterminado.

"En estos días he sido víctima de denuncias promovidas en mi contra. La imputación es absolutamente falsa, lo cual demostraré a la corta o a la larga ante la Justicia", sostuvo en la primera carta.

Alperovich justificó su pedido de licencia en la necesidad de "dedicar" su "esfuerzo y tiempo a desbaratar la infamia, aclarar la verdad y reparar" su "honor".

El dirigente peronista fue denunciado la semana pasada ante la Justicia por violación en reiteradas oportunidades por una sobrina de 29 años que se desempeñó como empleada del Senado bajo su mando.

Tras la denuncia, el Senado activó el protocolo de protección a las víctimas de la violencia laboral y de género y separó a la trabajadora del despacho de la senadora Beatriz Mirkin, compañera de bloque de Alperovich, en el que prestaba servicios al momento de radicada la denuncia.

El legislador tucumano cuenta con inmunidad de arresto por los fueros parlamentarios que le conceden los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional, que impiden a otros poderes del Estado “acusar, molestar y detener” a los representantes del Congreso por razones políticas.