La provincia de Buenos Aires adhirió al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), que el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Gines González García, puso en vigencia tras haber sido derogado por el ex presidente Mauricio Macri.

La adhesión se llevó a cabo durante un acto que encabezaron el ministerio de Salud provincial, Daniel Gollán, y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, en La Plata.

El protocolo, que es una guía de los casos en que se puede interrumpir legalmente un embarazo por tratarse de un riesgo físico y psicológico para la salud, había sido publicado en el Boletín Oficial el 22 de noviembre el año pasado con la firma del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y al día siguiente fue vetado por Macri.

Durante el acto, Gollán manifestó que "las artífices de que hoy esto pueda hacerse realidad son las mujeres", recordó que "estar debatiendo esto que debería ser normal -porque ya está regido como legal- es tedioso" y aseveró que "con las herramientas legales que den certeza a los equipos de salud, mucha gente podrá empezar a perder temores y participar del acceso a este derecho de forma rutinaria".

Analizó que cuando el Congreso nacional "debata la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tendremos también las herramientas que nos permiten avanzar en otros derechos que hoy nos siguen costando innecesariamente la vida de mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto seguro".

Destacó la necesidad de "preservar a la mujer porque lo peor de esto es que a veces los casos terminan mediatizados" y remarcó que "el Estado debe dar respuestas".

Luego, la ministra Díaz dijo que "la guía legisla sobre el procedimiento sanitario para atender las excepciones de aborto que contempla el Código Penal en su artículo 86 inciso 1 y 2, una legislación de 1921", por lo que analizó que "no estamos innovando sino que establece qué procedimiento hay cuando el aborto conlleva un problema para la salud o la vida de la mujer o en los casos de una violación".

"La provincia tiene un protocolo desde 2007, lo reformó en 2012 pero era restrictivo y colocaba requisitos y obstáculos que no establece la ley. Esta guía es precisa, actualizada, toma indicaciones de la OMS y busca acceder a un derecho a la salud legal", añadió.

Explicó que los profesionales de la salud pueden hacer uso del derecho de la objeción de conciencia pero de modo "individual" ya que "las instituciones de salud pública deben garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo".

La funcionaria dijo que "para la salud pública es muy costoso cuando se llegan a interrupciones del embarazo en el circuito clandestino e inseguro" y destacó que, en cambio, "la práctica de interrupción del embarazo en el primer trimestre de gestación es sencilla, puede ser ambulatoria, es medicamentosa".

Destacó que se va a trabajar "para que no haya barreras indebidas al acceso a este derecho que no respetan la legislación vigente".

"El gobernador Axel Kicillof nos pidió que hiciéramos esto porque era una deuda con las mujeres y las personas gestantes de la provincia de Buenos Aires", finalizó.

La adhesión se llevó a cabo mediante una resolución conjunta que establece: "Aprobar, para su aplicación en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención de la provincia de Buenos Aires" el protocolo aprobado tras la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de Nación.