La representante de los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Marina Sánchez Herrero, se refirió a la continuidad del aislamiento obligatorio en la Justicia: “No es admisible que a 66 días del comienzo de la cuarentena el sistema político y judicial no haya encontrado el camino para que hoy la Justicia tenga pleno funcionamiento”, destacó.

Tras la continuidad que le diera la Corte Suprema al estado de emergencia en el servicio Judicial y que no se haya incluido dentro de las actividades esenciales al trabajo de los abogados, Sánchez Herrero sostuvo: “El error es no considerar que la función de la Justicia es esencial en un país. La Justicia nunca debería haber dejado de funcionar: si dejó de hacerlo fue por deficiencias propias del sistema, porque no estaba en condiciones de dar respuestas en este contexto. Pero es un poder fundamental del Estado y tendría que haber funcionado plenamente para ponerse a disposición de quienes vieron vulnerados sus derechos, porque siempre se incrementa la conflictividad en un estado de excepción. Por eso debería haberse considerado a la Justicia como actividad esencial inherente al Estado de derecho”.

Y agregó: “Desde el comienzo de la cuarentena vengo diciendo que los tres poderes del Estado deben funcionar, con medidas de seguridad y dándole recursos a los agentes judiciales para que puedan hacer su trabajo. Pasaron más de 60 días, algunos lugares del país avanzaron, pero la respuesta sigue siendo tener todo frenado”.

En relación con la situación de los abogados, que todavía no pueden abrir sus estudios jurídicos, Sánchez Herrero recalcó: “Los ciudadanos nos necesitaron en este tiempo, por la misma razón de lo que decía de la Justicia en general: el acceso de la mayoría de las personas a la Justicia es a través de los abogados y por eso la actividad también debe considerarse esencial”.

“En esta instancia reclamamos que se analicen los protocolos presentados, porque en muchas ciudades ni siquiera pueden recibir clientes en sus estudios, aunque sea por turno y cuidando el distanciamiento, pero sí autorizan a escribanos, contadores y psicólogos. Al no incluir a la profesión dentro de las excepciones ni siquiera pueden circular por la calle. Hay abogados que están trabajando como pueden, a distancia, pero es muy difícil cumplir con los objetivos de la profesión de esa manera”, apuntó.

Finalmente, la consejera concluyó: “El Poder Judicial y la clase política en su conjunto deben comprometerse con el retorno del servicio pleno de justicia, porque es posible hacerlo con una hoja de ruta clara. Pero no hemos tenido respuestas en relación con la disposición de recursos extraordinarios para gestionar esta emergencia, como el Fondo Anticíclico del que dispone la Corte, por ejemplo. El tiempo que pasó es tiempo que no aprovechamos, pero rápidamente debemos dar a todos los actores de la Justicia; a los abogados y, sobre todo, a los justiciables que necesitan de un Estado que los proteja”.