El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos a la cerealera Vicentín durante el gobierno de Cambiemos, ordenó levantar el secreto bancario para conocer los movimientos de la empresa, a la vez que pidió las actas de asambleas desde el 2015 y solicitó datos del caso al directorio del Banco Nación, dijeron fuentes judiciales.

En sus requerimientos, Pollicita explicó que su actuación obedece a la "posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentiín".

Añadió que esa operación "permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, los cuales actualmente serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos" y a la espera de un concurso preventivo.

A su vez, marcó que en el expediente se dispuso que se investigue la ruta del dinero para "determinar si se trató de una crisis autogenerada" con el fin de no pagar la deuda, una vez que se hubiera logrado "obtener irregularmente la refinanciación".

Entre otras acciones, Pollicita solicitó al Banco de la Nación Argentina que el martes próximo aporte información ya requerida en la causa (en soporte digital) sobre "toda actuación -reuniones del Directorio, opiniones técnicas, etc- formada con posterioridad a la elaboración del primer informe de fecha 16 de enero de 2020", confeccionado por el actual titular Claudio Lozano, en relación a las irregularidades detectadas.

Solicitó también a la entidad "informar quién ocupa en la actualidad el cargo de Subgerente General de la Banca Comercial del BNA", según el escrito del fiscal, al que accedió Télam, en el que se pide a la entidad la presentación de un informe en el plazo de 5 días para establecer la situación general de la empresa, el monto de la deuda, su calificación ante el banco y el tratamiento pormenorizado a la situación que le dio la entidad.

"Si el otorgamiento crediticio y el endeudamiento de la firma Vicentin SA fue tratado por el Honorable Directorio del BNA durante el período comprendido entre 2015 y 2019 inclusive", es otro eje de la serie de consultas que Pollicita trasladó al banco.

También le pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos que, en el plazo de 5 días, remita "toda la documentación contable y fiscal con la que se cuente respecto de la firma", desde el 2015 a la actualidad.

Un detalle de las denuncias penales tributarias ya interpuestas con indicación de fecha de presentación, conceptos denunciados, montos presuntamente evadidos y estado de la causa y otro informe sobre posibles juicios civiles contra Vicentín, son parte de la requisitoria fiscal.

El fiscal acompañó esas medidas con un pedido para que la justicia levante el secreto bancario que ampara a los funcionarios de la entidad.

Hoy, la UIF acusó a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al ex presidente Mauricio Macri, al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris; al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, y a los dueños de la cerealera.

En un escrito presentado ante la Justicia Federal el organismo antilavado formuló esta acusación y solicitó ser tenido por querellante en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento créditos por $18.500 millones por parte del Banco Nación a Vicentin durante el gobierno anterior.

En tanto, el Senado comenzó esta tarde a discutir en comisión un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que investigue una posible defraudación del Banco Nación en el otorgamiento de un crédito a Vicentin, cuya intervención dispuso el Presidente.