La coordinadora del Centro de Estudios y Gestión Ciudadana (CEG), la Dra. Mercedes Parreira presentó, en el Concejo Deliberante, un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo que informe a través de qué mecanismos se llevan cabo los controles sobre la aplicación del Decreto Nº 228/20. El cual ordena a todos los rubros comerciales que brinden atención al público, utilizar como medida de prevención para atender a sordos e hipoacúsicos, tapabocas o máscaras de protección transparente, a los fines de facilitar la comunicación e inclusión de los mismos.

Asimismo requirió la implementación de las medidas que correspondan para dar cumplimiento urgente al Decreto 228/20 y efectúe campañas de concientización por distintos medios sobre la importancia del uso de tapabocas o máscaras de protección transparentes para asegurar la igualdad del acceso a la comunicación.

Fundamentando la iniciativa, la Dra. Parreira trajo a colación que “han sido de notorio y público conocimiento, varios hechos en la ciudad que evidenciaron un trato discriminatorio por parte del personal de algunos establecimientos, llegando al extremo de impedirle a una mujer con hipoacusia, la Sra. Mónica Leguizamón, no sólo el acceso a un trato igualitario, sino también el propio ingreso a un local bajo el argumento de llevar un tapabocas transparente”.

Acto seguido, sostuvo que “la discriminación, no solamente encuentra su origen en la falta de empatía de quienes la propician sino también en el mayor grado de ignorancia que puede tener una sociedad, por lo que corresponde a los distintos órganos estatales la creación de normas, medidas y programas tendientes a educar o concientizar acerca de las conductas que debemos asumir como comunidad para asegurar que todos las personas sean tratados por igual, con mismas oportunidades”.

Finalmente, la Dra. Parreira destacó que “toda disposición o medida que no logra alcanzar el compromiso ciudadano de respetarla y acatarla, pierde eficacia si no existe por parte del órgano de aplicación, algún tipo de control, pues de nada sirve acumular normas sobre discapacidad sin el respectivo deber de hacerlas cumplir”.