Varios ejecutivos regionales notificaron este domingo cifras que marcan un aumento de contagios, como es el caso del País Vasco, Cataluña o Andalucía.

Varias localidades españolas se vieron forzadas este domingo a restringir la movilidad de sus habitantes para intentar frenar la segunda ola de la pandemia de coronavirus, que crece día a día, mientras los distintos niveles gubernamentales lidian con algunos jueces que considera que las medidas de confinamiento vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Es el caso de la pequeña localidad madrileña de Tielmes, de solo 2.600 habitantes, donde el Ejecutivo regional optó hoy por la recomendar a sus ciudadanos un confinamiento voluntario, después de que un juez rechazara esta semana la limitación del ocio y la prohibición de fumar en público que había aprobado la Comunidad de Madrid, según reportó la agencia de noticias EFE.

Si bien el Ministerio de Sanidad no facilita datos oficiales durante el fin de semana, varios ejecutivos regionales notificaron hoy cifras que marcan un aumento de contagios, como es el caso del País Vasco, Cataluña o Andalucía, lo que hace que tanto sanitarios como responsables de la administración hablen ya de la segunda oleada de la pandemia.

Cataluña, una de las regiones más afectadas por el coronavirus notificó hoy 1.125 nuevos contagios y el índice del riesgo de rebrote mantiene la leve tendencia al alza de los últimos días.

También el País Vasco contabilizó en las últimas horas otros 661 casos positivos por Covid-19, la tercera cifra más elevada desde el inicio de la pandemia, y algo similar ocurre en Andalucía, con 593 positivos en las últimas 24 horas.

Madrid no facilitó este domingo nuevos datos, pero a última hora de ayer cinco nuevos brotes y encara al fin del verano con los contagios disparados -más de 29.000 positivos en un mes-, un incremento que obligó a replantear la vuelta al colegio y ha provocado que las autoridades sanitarias aconsejen quedarse en casa a los vecinos de las zonas más afectadas.

No obstante, los comerciantes y vendedores del Rastro madrileño, reclamaron hoy por octavo domingo consecutivo para exigir la apertura del tradicional mercado, que se cerró en marzo por el coronavirus, y han acusado al Ayuntamiento de Madrid, conducido por José Luis Martínez-Almeida, de querer destruir este espacio que forma parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad desde hace casi 300 años.

La protesta se inició en la céntrica plaza del Cascorro y desplegó a lo largo de la calle de la Ribera de Curtidores un gran mural con fotografías históricas en blanco y negro de los vendedores y de sus antepasados.

Unas 400 personas, según los convocantes, participaron de la movilización organizada por la Asociación El Rastro Punto Es, la asociación Argatsana y la Asociación Independiente del Rastro (Asiveras), y desplegaron una pancarta en la que se podía leer "Almeida, el alcalde de Madrid, amenaza el histórico Rastro".

Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales ha convocado mañana a las comunidades autónomas para analizar la situación de las residencias de ancianos ante los brotes de coronavirus desatados este verano y las dificultades a las que se enfrentan para evitarlos, después de que en los últimos días estos centros hayan vuelto registrar fallecimientos de mayores.