La vicepresidenta se refirió al proyecto oficial que el Senado tratará el jueves y dijo que se busca "implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994".

La vicepresidenta Cristina Fernández afirmó que el país "todavía se debe una verdadera reforma judicial", al advertir que el proyecto oficial que el Senado tratará el jueves no tiene ese fin sino que busca "implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994", y le pidió al sistema político "aceptar que cualquier diferencia se discute en el Congreso".

A través de un texto titulado "¿Reforma? Algunas consideraciones sobre las palabras, los acuerdos, el Congreso y la democracia", y publicado en sus redes sociales, la exmandataria planteó que la iniciativa que será tratada el jueves en la Cámara alta "crea nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país" y "comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera" porteña.

"A este proyecto que crea juzgados en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, aborda cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género, se lo ha titulado erróneamente 'Reforma Judicial'", expresó Fernández de Kirchner y puntualizó que "haciendo honor a la precisión semántica que deben tener nuestras palabras, en el país en los últimos 20 años solamente ha habido dos reformas judiciales".

En tal sentido, la vicepresidenta reseñó: "La primera fue la que envié al Congreso siendo Presidenta en el año 2013 y que, votada por el Parlamento, fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios".

De esa manera, la vicepresidenta se refirió al proyecto de "Democratización de la Justicia" que, aprobado por el Congreso en abril de 2013, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en junio de ese año.

"La segunda -prosiguió Fernández de Kirchner- fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia. Una reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, y con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios".

"A algunos de estos últimos para despojarlos de sus empresas, y a otros para saldar cuestiones comerciales o hasta personales", completó la exmandataria.

La "reforma de facto" atribuida a Macri tuvo, para la vicepresidenta, "cuatro ejes fundamentales: creó e impuso una mesa judicial en la órbita del Poder Ejecutivo integrada por funcionarios y abogados del poder cuya función era digitar causas judiciales contra opositores en Comodoro Py, naturalizada en los medios de comunicación hegemónicos como si fuera un órgano extrapolado de la Constitución".

"Incorporó la llamada 'Doctrina Irurzun' (en referencia al camarista de Comodoro Py Martín Irurzun) por la cual se utilizaba el instituto de la prisión preventiva para aplicarla a los opositores, privandolos de su libertad en forma ilegal", dijo, y sumó como tercer factor que "comenzó a trasladar jueces a juzgados y tribunales para los cuales no habían sido designados, sumándole además el incumplimiento de los requisitos que fija la Constitución para la designación de los jueces".

En cuarto lugar, sostuvo la expresidenta, la "reforma de facto" de Macri "convirtió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el órgano directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores. Para ello se utilizaban los fondos del organismo de inteligencia que Macri había vuelto a convertir en reservados apenas asumió el gobierno".

Sobre el final de su artículo, Fernández de Kirchner señaló que "el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves".

"Sin embargo, la primera actitud que debe tener la totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, sino de cualquier otra cuestión sobre la que no haya acuerdo, tiene un solo lugar de discusión y resolución: el Congreso", subrayó.