La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ratificó que existe “una diferencia negativa entre el valor adjudicado y el valor venal de los inmuebles señalados en el informe en cuestión de U$S 74.536.889”, por lo que apunta a que habría un perjuicio fiscal “con eventuales responsabilidades en los funcionarios intervinientes”.

La denuncia penal, que recayó en el juzgado de Julián Ercolini y quedó a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, sostiene que hay “suficientes” elementos de prueba como para presumir la posible comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y administración infiel en perjuicio del patrimonio del Estado.

Según la investigación de la Oficina Anticorrupción que dirige Felix Crous, se pudo observar que se redujo el valor de los treinta terrenos subastados en campos de la provincia de Córdoba y de siete lotes en la zona de Catalinas Norte II, en la Ciudad de Buenos Aires. Esto, señaló la OA, “no pudo observar ni a través de los expedientes ni en el intercambio de notas con los organismos implicados, con qué fundamento la AABE decidió aplicar el criterio de reducción mencionado”.

La denuncia apunta además a las empresas que se presentaron en todas esas subastas, CONSULTATIO ARGENTINA S.A.U, FIDEICOMISO BAP, TGLT S.A y OPM INMOBILIARIA S.A.: “Se verificó que fueron ellas las que se presentaron o compulsaron en dichas subastas. Además, se observó que tres de estas empresas resultaron adjudicatarias de todos estos valiosos lotes”, explica el documento.

En relación a los responsables de las presuntas maniobras en la subasta, apuntan a quienes dirigían las distintas áreas de la administración pública, y menciona a Ramón García Llorente, quien se desempeñó como Director de Gestión Patrimonial de la ABBE, a Ramón María Lanús y Pedro Martín Comín Villanueva, quienes se desempeñaron como Presidente y Vicepresidente respectivamente de la ABBE, y a los funcionarios “que han aprobado y adjudicado la mayoría de las subastas identificadas, el ex Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio y el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña”.

La denuncia sugiere, además, investigar los posibles vínculos entre el ex presidente Mauricio Macri y Fideicomiso BAP y sostiene que, en caso de ser confirmados, se debe determinar si ellos “han influenciado en las maniobras descriptas” para beneficiar a la firma. En esa línea, también menciona una “posible influencia” de Mario Quintana por su vinculación con la empresa OPM INMOBILIARIA SA y cómo eso puede haber incidido en los funcionarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado que intervinieron en las subastas.

El escrito presentado sostiene que hay vinculaciones entre la firma CONSULTATIO S.A. y el expresidente Mauricio Macri, como así también de la firma con integrantes de su familia. “Dicha empresa fue una de las mayores aportantes a la campaña presidencial de Mauricio Macri del año 2019, tributando el 01/08/19 la suma de $835.000, conforme surge de la información publicada por la Cámara Nacional Electoral”, señala la OA.

Subraya además que “los empresarios Eduardo Constantini y Carlos Aníbal Reyes Terrabusi habrían sido socios en la firma CONSULTATIO S.A. (al menos hasta el 23/04/18), y Reyes Terrabusi sería a su vez, socio de Jorge Alberto Blanco Villegas - quien sería tío de Mauricio Macri - en Carnes Virreyes S.A. y Virreyes Agropecuaria S.A., hasta el fallecimiento de este último, ocurrido el 13/04/11”. Virreyes Agropecuaria S.A, agrega, “aportó a la campaña presidencial de Mauricio Macri $1.800.000 el 05/09/19”.

Por último, señala que Carlos Aníbal Reyes Terrabusi, “resultaría socio en Terra Garba S.A. de Federico Miguel Cinque, primo hermano de Alicia Blanco Villegas (madre del ex presidente) y primo segundo de Mauricio Macri”.