La concejala de la UCR e integrante de Juntos por el Cambio, Marianela Romero, mediante un proyecto de comunicación solicitó a las autoridades nacionales que analicen la posibilidad de eximir del pago de la alícuota del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales a los pequeños comercios y/o emprendedores por la contratación de servicios digitales.
“Muchos emprendedores y pequeños comercios tuvieron que adaptarse al comercio virtual para poder mantener sus actividades y sostener sus negocios, para ello las plataformas virtuales, redes sociales y programas de diseño digital son fundamentales, ya que permiten a quienes se desempeñan en dichos rubros mantener contacto con su clientela para poder seguir generando ingresos” aseguró la edil, y agregó “en la mayoría de los casos, la contratación de servicios digitales, ya sea para publicidad o para llevar adelante sus operaciones o diseños, tiene costos en dólares y no existen actualmente opciones nacionales que permitan omitir ese gasto”.
Por disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al impuesto País debe adicionársele una nueva percepción del 35% a cuenta del pago de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. Pero, además, en muchos casos el costo por la contratación de servicios digitales es gravado con una alícuota del 30% correspondiente al impuesto PAÍS, siendo ello incorrecto ya que el porcentaje sobre servicios digitales deberían ser del 8%.
“Resulta necesario tomar medidas urgentes que tiendan a aliviar al sector, cuyas erogaciones en moneda extranjera tienen como única finalidad la de poder mantener sus actividades comerciales” aseguró la concejal. “Dichas imputaciones impactan de forma negativa directamente en la actividad de quienes poseen pequeños comercios y emprendimientos, quienes para evitar trasladar dichos costos a sus productos y/o servicios terminan absorbiendo el perjuicio poniendo ello en riesgo la continuidad de sus actividades de quienes resultan ser, no solo sostenes de familia, sino también generadores de fuentes de trabajo”.
Asimismo, solicitan la correcta aplicación por parte de las entidades bancarias de la alícuota del 8% de Impuesto País y que se establezca un trámite ágil y expeditivo para la devolución de los montos mal retenidos en dicho concepto.