El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó este miércoles que se cite a declaración indagatoria a la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), Victoria Donda, en el marco de la causa en la que se investiga si cometió un delito al ofrecerle a su empleada doméstica un cargo en el organismo que encabeza.

El fiscal le imputó a Donda “haberse interesado ilícitamente, por fuera del interés estatal, y abusando de su carácter de Interventora del INADI, en la obtención de un plan social o contrato en el citado organismo en favor de la señora Arminda Banda Oxa, con el objeto de que ésta presentara la renuncia a la relación laboral que la vinculaba como empleada doméstica en su domicilio particular”.

El requerimiento de 22 páginas en el que Marijuan hizo referencia al término “corrupción” y a sus implicancias fue presentado este mediodía ante el juez federal Sebastián Casanello que deberá decidir si comparte el criterio de la fiscalía, que tiene delegada la investigación, y convoca a la interventora del INADI a responder en indagatoria.

“Se inician las presentes actuaciones el día 29 de diciembre de 2020 con motivo de la denuncia efectuada por el doctor Fernando Gabriel Zarabozo, en representación de Arminda Banda Oxa, ante la Excma. Cámara del fuero, en orden a los delitos en los que habría incurrido Victoria Donda, actual titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo -INADI-“, sostuvo el fiscal en su presentación.

A lo largo de todo el requerimiento Marijuan enumeró supuestas irregularidades ocurridas en el tiempo en relación a la contratación de Banda Oxa, con información recogida del testimonio de la propia presunta damnificada, de distintos abogados que la asesoraron luego de que ella comentara su situación con otra empleadora, y de información suministrada por el área de Asuntos Penales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En la denuncia se indicaba que durante la pandemia Banda Oxa (63) le había reclamado a Donda que pusiera al día su situación previsional para poder jubilarse y que la empleadora le habría respondido con la oferta de un cargo público y el acceso a un plan social para lo cual antes tenía que renunciar.

Cuando el caso tomó estado público, la titular del Inadi formuló un descargo a través de sus redes sociales donde sostuvo que “hace algunos meses” la persona que trabajaba en su casa con las tareas domésticas le manifestó “su interés en renunciar” por razones personales ante lo que le recomendó “la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio”.

En el mismo comunicado sostuvo que también le mencionó la posibilidad de que “colaborara” en alguno de los programas u acciones que lleva a cabo el Inadi.