Los docentes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°2 de Mar del Plata, a través de un comunicado de prensa, manifestaron que “rechazan la aplicación del Plan Jurisdiccional para el regreso a las clases presenciales; por improvisado, inconsulto e inviable”.

Asimismo, se solidarizaron “con las iniciativas de los docentes auto-convocados de Salta, Tucumán y todo lugar donde surjan movimientos de trabajadores de la educación para rechazar el regreso a clases en las actuales condiciones de epidemiológicas, de infraestructura escolar y sobrecarga laboral docente”.

Consideraron que “el Plan Jurisdiccional es una abstracción porque los protocolos son imposibles de concretar por la cantidad de alumnos a cargo y porque no da cuenta de la situación de infraestructura de las escuelas públicas de la ciudad. Las gestiones del gobierno nacional, provincial y municipal, no han revertido esta situación: no hubo en el último año inversión en obras para garantizar materialmente el regreso parcial y gradual a las aulas”.

Señalaron que “el problema de la infraestructura de las escuelas que data de décadas (hacinamiento de aulas, falta de agua, baños inhabilitados, deficiencias en la calefacción, y muchas otras situaciones que padecen escuelas del distrito,) se ve agravado en este contexto pandemia, y en el que la presencialidad requiere un distanciamiento mínimo y obligatorio, entre los alumnos y los docentes; un espacio disponible real en las aulas, así como insumos y mínimas condiciones de salubridad para evitar el contagio”.

Exigieron “la publicación del relevamiento del estado de infraestructura de la escuela y de la entrega de insumos para higiene y seguridad personales, en forma detallada de cada establecimiento y para todas las comunidades educativas del distrito.

También exigieron que “la dirigencia gremial se atenga a lo que dijo que reclamar y sea esto una condición exluyente para la presencialidad: los 12 puntos de Ctera, la efectiva solución a los problemas de infraestructura y la provisión de todos los elementos de higiene y seguridad personal para todos los miembros de la comunidad educativa”.

En tal sentido, plantearon que “los docentes no hemos sido vacunados contra el COVID 19. Los auxiliares tampoco. Exigimos como condición de regreso a la escuela la vacuna. Vacunas para todos los docentes antes del inicio de clases presenciales. Todos los docentes deben haber recibido las dos dosis y haber respetado el tiempo de espera necesario para adquirir la inmunidad que otorga la vacuna antes del inicio de clases presenciales. Mientras tanto, dispensas laborales de oficio para todos los auxiliares y docentes”.

Remarcaron que “en pandemia y sin vacunas para la totalidad de los trabajadores de la educación, los docentes no comenzamos”.

Denunciaron, además, que “el Estado continúa sin garantizar ni dar respuestas a los requerimientos de equipos y conectividad tanto para estudiantes como para docentes, algo indispensable para lo que implica la modalidad presencial y virtual según el Plan Jurisdiccional.

Advirtieron también que “para impartir clases presenciales a un pequeño grupo que asistirá a las aulas, sin garantías de infraestructura y salubridad; los docentes, auxiliares, autoridades y las familias que trasladan a los niños y jóvenes, serán expuestos por la misma circulación que esto implica, al riesgo de contagio de Covid-19. El Plan Jurisdiccional anuncia, pero en los hechos concretos no hay nada que garantice el traslado seguro en el trasporte público para asistir a las escuelas. No hay ninguna planificación de frecuencias, ni de horarios, ni de protocolos para los colectivos en los que se trasladaran docentes, auxiliares, estudiantes y familias”.

Sostuvieron que “el Plan Jurisdiccional, ante la situación de agudización de la pobreza, descarga en docentes y auxiliares una responsabilidad que es del Estado”. Y en tal sentido reclamaron que “los consejeros escolares se hagan cargo de revisar los alimentos que envían para los estudiantes y sus familias y que sea el Estado el que provea el personal para realizar esta tarea. No es deber ni obligación de los auxiliares separar la mercadería que llega a las escuelas. Aunque se les pidió esto a los consejeros nunca respondieron. Además, se debe publicar qué insumos recibe cada establecimiento y cada cuanto tiempo deben recibirlos”.

Además, hicieron hincapié en que “el Plan Jurisdiccional hace recaer en las autoridades escolares la toma de decisiones que implican la responsabilidad del cuidado y garantía de la salud del personal de las escuelas y de los estudiantes. ¿Están estas autoridades escolares en condiciones de asumir la gestión de esta compleja tarea, haciéndose cargo y respondiendo ante la ley, por los riesgos de enfermedad de alguno de los actores de la comunidad educativa? ¿El estado va a responder por la salud de docentes, estudiantes, auxiliares y sus familias? ¿Se va a hacer cargo por los contagios y muertes que puedan producirse?

Enfatizaron que “los docentes desconfiamos de la viabilidad y eficacia de la implementación de los protocolos que establece el Plan jurisdiccional. También las familias, que en recientes encuestas han afirmado en más de un 70%, que no enviarán a sus hijos en estas condiciones a las escuelas”.

El comunicado rubricado por la delegada María Rosa Díaz y la subdelegada Mariana Scarinci, concluye pronunciándose por:

• El No regreso a clases presenciales porque no hay condiciones. No hay ni hubo solución a los problemas de infraestructura, no hay provisión de elementos de seguridad e higiene, los protocolos son inviables y no hemos sido vacunados. La salud y la vida de los alumnos, docentes, personal auxiliar y sus familias son más importantes.
  
  
• Exigimos que el Estado mientras se desarrolla la educación virtual, garantice y provea de manera gratuita para todos los estudiantes y docentes, equipos y conectividad.
  
  
• Rechazamos la sobrecarga laboral que impone la modalidad virtual y presencial. Que las horas de trabajo se ajusten a las declaraciones juradas.
  
  
• Se dé cumplimiento al régimen de licencias. Reapertura urgente de actos públicos y designación de horas y cargos por estatuto docente.
  
  
• Reapertura de paritarias, actualización salarial, pago en tiempo y forma y fin del trabajo precarizado. Salario igual al costo de la canasta familiar ajustado por inflación y con la cláusula gatillo. Todo en blanco y sin bonificaciones en negro.