El concejal del Frente de Todos Roberto Chucho Páez presentó un proyecto de comunicación mediante el cual le solicita al gobierno de la provincia de Jujuy lleve a cabo todas las acciones necesarias para cesar la detención ilegal e ilegítima de la dirigente social y ex Diputada del Parlasur Milagro Sala.

Páez expresó su preocupación al manifestar que “el caso Milagro Sala sería el modelo por el cual se guiaría el aparato persecutorio durante la gestión macrista, mezclando detenciones extremadamente severas y/o arbitrarias, fundadas solo en construcciones de la autoridad judicial basadas en hechos vagos o infundados, junto con una violación a las garantías del debido proceso y acompañadas de un constante desprestigio mediático”.

El edil del FdT denunció en su presentación la existencia de un aparato de persecución política y de criminalización de las expresiones sociales que caracterizó al gobierno de Mauricio Macri.

“Los hechos que dan origen a la detención se remontan a una legítima protesta realizada en contra del Decreto Provincial 195/2015, momento el cual varias familias y movimientos sociales expresaban su desacuerdo con la mentada pieza legal. A partir de esta medida de fuerza llevada a la práctica por las cooperativas y sus cooperativistas, que además de legítima, nunca incurrió en ninguna ilegalidad, la Gobernación de Jujuy emitió un nuevo decreto y que en un claro ejemplo de criminalización de la protesta social y de persecución ideológica dispuso en su artículo 4 que se retire la personería jurídica de las asociaciones civiles con motivo de o los delitos cometidos en oportunidad de la toma y acampe en el denominado Paseo de la Bandera . El mismo decreto en su artículo 5 estableció de forma claramente extorsiva que aquellas personas y organizaciones que a partir de las 00.00 horas del día 14 de enero de 2016 siguieran realizando la toma y el acampe estarían excluidas de la aplicación de los planes y programas que se aprueban y ratifican en el presente decreto acuerdo”.

El proyecto de comunicación que lleva la firma de todos los integrantes del bloque del Frente de Todos denuncia en uno de sus párrafos el accionar abusivo del poder punitivo estatal jujeño.

“En ocasión de tal legítima movilización local y en paralelo a la promulgación del decreto, el Gobierno Provincial denunció a Milagro Sala por los cargos de instigación a cometer ilícitos y alzarse contra los actos de gobierno; y en concordancia el Juez de feria Raúl Gutiérrez, por pedido de la fiscal Liliana Fernández, hizo lugar a la denuncia e imputó los cargos, dando lugar a la detención de la dirigente. Esta detención sirvió de piedra fundante para habilitar el aparato de persecución política y de criminalización de las expresiones sociales que caracterizó al gobierno de Mauricio Macri, además es ilegítima por resultar un ejercicio abusivo del poder punitivo estatal y devino en ilegal por tener una interpretación punitivista de los presuntos ilícitos cometidos”.

Páez manifestó también las arbitrariedades que padeció Milagro Sala durante el proceso judicial y cuestionó la batería de causas que se le imputaron a la dirigente, especialmente las denominadas “Pibes Villeros” y “Megacausa”.

“En este último proceso judicial la defensa ha esgrimido una serie de puntos para responder a la acusación. Allí se mencionó que el tribunal no permitió testigos que explicaran cómo funcionaba la Tupac y que desarmaran la idea del rol preponderante de Sala en la supuesta asociación ilícita, que rechazó un peritaje con ingenieros para ver qué obras se habían completado y cuáles no, lo que es la base de la acusación, que a Milagro Sala la expulsaron durante 60 días de la sala de audiencias. La detención y la lluvia de causas e imputaciones servirían de prueba del poder del aparato político, judicial y mediático del gobierno de la Coalición Cambiemos, que operaría de formas similares contra todo dirigente social, político u organización que pudiera expresar un disenso a su forma de gobernar el país”.

Por último Páez responsabilizó al gobernador Gerardo Morales por su innegable e intrincada participación en las causas que se le abrieron a Milagro Sala.

“Morales declaró respecto de la libertad de la dirigente que salvo que yo la indulte, lo que no voy a hacer, antes que me peguen un tiro en la cabeza, no la voy a indultar. De tales declaraciones se desprenden impropios exabruptos para un gobernador democrático. Luego dijo que la detención de Milagro Sala restauró la paz de la provincia, evitando la corrupción. Estas palabras distan del obrar de alguien que observa objetivamente un conflicto, son más bien las palabras de quien tiene un interés propio en la situación, interés que va más allá de la justicia o el esclarecimiento de los hechos”.