"Celebramos la decisión del Poder Ejecutivo de derogar el DNU 70/2017, cuya implementación significó un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el país en los últimos cuatro años", publicó el CELS en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "La anulación de este decreto es un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar".

"El DNU 70/2017 fue parte de una política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos, y que argumentó que, por eso, había que expulsarles de manera inmediata", explicaron desde el CELS.

"Pero, mientras tanto- añade el hilo de Twitter-, se vulneraron derechos y garantías: separó a madres de sus hijes, y a miles se les sometió a una inminente expulsión, atada a la suerte de los escasos recursos legales que ofrecía la norma".

"El DNU 70 también significó un giro en el rol que Argentina venía teniendo a nivel regional y mundial desde la Ley de Migraciones en 2004" y "formó parte de una tendencia que aumentó la discrecionalidad de los Estados para controlar, detener y expulsar migrantes", aseguró el CELS.

La norma publicada en el Boletín Oficial restituye "la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017" y además dispone la creación de una "Comisión Asesora de Política Migratoria" que deberá "proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871".