La comunidad internacional denunció el martes un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia para controlar violentas protestas contra el gobierno que en casi una semana dejan una veintena de muertos y centenares de heridos.
El presidente Iván Duque respaldó la acción de los uniformados, a quienes considera víctimas de ataques, mientras que la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos levantaron la voz contra abusos policiales.
“Nada justifica que haya personas armadas que, amparadas en el deseo legítimo de la ciudadanía de hacer marchas cívicas, salgan a disparar a ciudadanos indefensos y a agredir cruelmente a nuestros policías”, declaró el mandatario.
Lo que empezó el miércoles pasado como una manifestación pacífica en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformó en protestas contra el gobierno. Según datos oficiales, el saldo es de al menos 19 muertos (tres por disparos), 89 desaparecidos y 846 heridos.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (…) la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas”, declaró en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En la tarde de martes hubo bloqueos en vías de los departamentos de Cundinamarca (centro), Meta (centro), Quindío (centro-oeste) y Valle del Cauca (suroeste).
También hubo manifestaciones en Bogotá y en Cali, tercera ciudad del país, capital del Valle del Cauca y la más afectada por disturbios.
Defensores de derechos humanos denunciaron casos de violencia policial, que incluyen civiles muertos a manos de uniformados.
La administración estadounidense urgió “a la máxima moderación a las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vidas”.
Cali, en llamas
Las protestas se tornaron particularmente violentas en Cali, donde en la noche de martes se registraban disturbios en barrios como Siloé, en el oeste de la ciudad, y continuaban los bloqueos.
La localidad de 2,2 millones de habitantes está militarizada desde el viernes por orden del gobierno. Manifestantes aseguran que la fuerza pública abrió fuego contra civiles.
“Fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la policía nacional quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar”, precisó.
Ante la lluvia de críticas, Duque se solidarizó con la fuerza pública y ordenó el desplazamiento de varios ministros a Cali.
Según el mandatario, la policía es víctima de agresiones orquestadas por grupos armados que operan tras más de medio siglo de conflicto interno. La firma del acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016 no acabó con la violencia.
Tres uniformados han recibido disparos en las protestas.
Gobierno impopular
Aunque el presidente retiró la iniciativa de reforma tributaria y el ministro de Hacienda renunció, las protestas continúan para exigir “mejores condiciones de vida para la ciudadanía”, dijo a la AFP Yonny Rojas, líder social en Cali.
Según la alcaldía local, lunes por la noche murieron cinco personas y 33 fueron heridas. La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) no ha corroborado estas cifras.
Las principales vías de esa región fueron bloqueadas, causando desabastecimiento de gasolina y preocupación por el paso de camiones con oxígeno e insumos médicos en plena pandemia.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que un miembro de la entidad y otras cuatro personas fueron atacados por uniformados mientras asistían a detenidos en Cali.