Fue tras un pedido de la Defensoría. Así lo decidió la Justicia contra la empresa Fiat. También sostuvo que los próximos aumentos no pueden ser más altos que la inflación.

La Justicia ordenó que se reduzcan en un 50% el valor de las cuotas de los planes de ahorro para los vehículos Fiat que hayan sido o no adjudicados, luego de que la de Defensoría del Pueblo bonaerense acompañara este reclamo a favor de los usuarios, al entender que este esquema es una estrategia fraudulenta por parte de las administradoras.

En este caso, se trató de una medida cautelar colectiva por la cual el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº17 de La Plata, a cargo de Sandra Nilda Grahl, obligó a las empresas FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y FCA Automóviles Argentina S.A. a reducir a la mitad el importe de las cuotas de estos planes para los y las consumidores de la Provincia.

Además, ordenó modificar el valor de las cuotas en base a un cálculo sobre todos los ítems que la componen a excepción de los correspondientes al seguro de vida y el seguro del automotor, y fijar el valor móvil del vehículo en el precio de lista vigente, estableciendo como único aumento de allí en adelante el porcentaje de inflación mensual que publique el INDEC.

La novedad que introdujo esta sentencia es que es de carácter colectivo, cuando los fallos de este tipo que se habían emitido hasta el momento eran de carácter particular. El Juzgado entendió que los distintos afectados denuncian un hecho o conducta única a las demandadas que consistiría en el fraude masivo por infracciones legales y contractuales y que afectaría patrimonialmente a todos los usuarios bajo esta modalidad.

“Este daño masivo radica en el diseño por parte de las empresas de una ingeniería jurídica que consiste en generar una estrategia fraudulenta en la fijación de precios y colocación de unidades desde una decisión común bajo el ropaje de dos personas jurídicas formalmente diferentes, pero que en realidad pertenecen al mismo grupo empresario”, sostuvo el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

En esa línea, explicó que “se trata de un freno a la administración negligente de las administradoras, que afectan de manera directa los intereses económicos de las y los consumidores”.