La jueza Maria Servini ordenó la captura internacional de Fabián Rodríguez Simón a los fines de tomarle declaración indagatoria. También dispuso la inhibición general de todos sus bienes. La decisión de la jueza es consecuencia directa de la movida que hizo “Pepín”, señalado como operador judicial del ex presidente Mauricio Macri, cuando anunció que pedía asilo político en Uruguay.

Según la resolución a la que accedió Infobae, la jueza decidió “declarar rebelde” a Rodríguez Simón y ordenar su captura nacional e internacional. Así dispuso oficiar al Ministerio de Seguridad de la Nación para que por su intermedio se notifique a las fuerzas de seguridad la medida y oficiar al Jefe del Departamento de INTERPOL de la Policía Federal Argentina. Se resolvió librar exhorto internacional en los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal a efectos de solicitarle a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay que, de manera muy urgente, se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país”.

La orden de la jueza incluyó además un congelamiento sobre sus cuentas bancarias y una inhibición de sus bienes. También se dispuso el levantamiento del secreto bancario y se dispuso que el Director General de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación que “arbitre los medios necesarios para notificar las medidas cautelares aquí dispuestas a todos los registros asentados en el territorio nacional e identifique los bienes que posea Rodríguez Simón”.

Se instó al al Presidente del Banco Central de la República Argentina Miguel Pesce que “arbitre los medios necesarios para que con carácter muy urgente libre una circular ‘d’ a todas las entidades financieras del territorio nacional”.

“Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021″, sostuvo la jueza en su resolución. “Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines. Entonces, su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”

El fallo fue comunicado al ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá para que notifique a las autoridades del Parlamento del Mercosur: Pepín es diputado del Parlasur.