Tras la denuncia penal realizada por el intendente Guillermo Montenegro a organizaciones sociales por ocho cortes el pasado jueves 27 de mayo, el referente de la organización social Polo Obrero, Walter Orozco, acusó al jefe comunal de criminalizar la protesta contra el aumento del boleto, en contraposición con la actitud frente al empresario Juan Inza, dueño de la empresas 25 de Mayo y de las empresa Peralta Ramos, Pueyrredon, 12 de octubre, Libertador y Costa Azul, que niega los pases escolares gratuitos.

“Montenegro criminaliza la protesta contra el aumento del boleto, acudiendo rápidamente a la Justicia contra los piquetes, contrastando con la desidia que muestra cuando debe resolver problemas de decenas de madres y alumnos en el acceso al boleto educativo, que Inza les niega; o frente a la patota, que estos empresarios enviaron para tirotear la casa de una activista que denunció las corruptelas y tarifazos de este monopolio asociado al poder político”, sostuvo Orozco, añadiendo que “tampoco mostró la misma preocupación cuando se manifestó una comparsa reaccionaria el 25 de mayo con varios nazis confesos”.

Por su parte, Alejandro Martínez, dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, planteó que “Juntos por el Cambio y el bloque de Pulti aprobaron en el Concejo, otra vez, que el servicio siga en manos del Grupo Inza”.

Asimismo, apuntando al Frente de Todos, Martínez descerrajó que “votó en contra, pero jamás cuestionó la gestión de este grupo ni convocó a alguna acción contra este atropello. Se trata de la continuidad de un régimen de vaciamiento del transporte y un desfalco presupuestario en beneficio de este monopolio que le niega un bono de $ 5.000 a sus trabajadores que son esenciales”.

Y remató: “Abajo la criminalización de la protesta. No al tarifazo en el transporte. Por un paro de la CTA y la CGT regional para rechazar este nuevo robo. Por una investigación independiente de las corruptelas del grupo Inza con los funcionarios públicos. Boleto educativo gratuito en todas las líneas. Por el control popular de trabajadores y usuarios sobre el transporte público”.