La justicia electoral terminó de revisar y rechazó, por falta de sustento, todos los reclamos de la derechista Keiko Fujimori para anular votos del profesor Pedro Castillo, con lo que pretendía arrebatarle la victoria al candidato de la izquierda. De esta manera, después de una larga espera de más de un mes, quedó confirmado que el maestro rural y sindicalista que viene de una las zonas andinas más pobres del país será proclamado en esto días como presidente electo. Asumirá el cargo el 28 de julio. La derecha ha respondido con violencia en las calles y con una última maniobra para demorar la proclamación de Castillo, pero que no podrá impedirla.

Rechazadas todas sus demandas, el viernes los abogados fujimoristas presentaron nuevas apelaciones sobre un grupo de actas, alegando esta vez supuestos errores de conteo. El número total de votos de esas actas apeladas es significativamente menor a la ventaja de más de 44 mil votos que Castillo le sacó a Fujimori, con lo que cualquiera sea el destino de esas apelaciones, que los expertos estiman muy probablemente también sean rechazadas, no cambiará el resultado de las elecciones.

Por sus falsas denuncias de fraude electoral buscando anular mesas de votación en las zonas rurales donde Castillo ganó con amplitud, la fiscalía le ha iniciado a Fujimori una investigación por los presuntos delitos contra el derecho al sufragio y falsa declaración. Con todo consumado, la derecha aglutinada alrededor de la actual jefa del clan Fujimori juega ahora la carta de deslegitimar al próximo gobierno y boicotear su gestión. Si no pueden evitar que asuma como presidente, intentarán sacarlo del poder. Desde la victoria de Castillo la derecha ha venido promoviendo un golpe para anular las elecciones. Confirmada en la última instancia electoral la victoria de la izquierda, el fujimorismo y sus aliados han pasado de la violencia verbal a la violencia en las calles.

Esta semana, enfurecidos fujimoristas, armados con palos, intentaron llegar a Palacio de Gobierno, en el centro de Lima, gritando insultos contra el presidente Francisco Sagasti, repitiendo las acusaciones lanzadas por Keiko contra el jefe de Estado acusándolo de haber tomado partido por Castillo. Las evidencias, sin embargo, demuestran la neutralidad del gobierno. La turba fujimorista descargó su furia contra los negocios de las calles cercanas. Un fotógrafo del diario La República, uno de los pocos medios que no han respaldado las pretensiones de la derecha de desconocer el triunfo de Castillo, fue arrojado al piso y golpeado por varios sujetos. En su frustración y desbocada ira, los fujimoristas la emprendieron contra todos, incluyendo periodistas de medios que han venido apoyando el falso discurso del fraude. Una reportera de televisión y su camarógrafo fueron rodeados, insultados y amenazados. Otra reportera fue atacada por la espalda por una mujer, que le cubrió la cabeza con una bandera y comenzó a jalonearla. La turba rodeó el automóvil del ministro de Salud, Oscar Ugarte, que iba a una reunión del Consejo de Ministros, y comenzó a zarandearlo y golpearlo con palos. Lo mismo le ocurrió a la ministra de Vivienda, Solange Fernández. Pasaron unos quince minutos hasta que la policía disolvió a los agresores y los ministros pudieran reanudar la macha para llegar a Palacio de Gobierno.

El grupo que desató la violencia se hace llamar “La Resistencia” y desde hace años ha venido actuando como fuerza de choque del fujimorismo. Ahora se han rebautizado como “La Insurgencia”. En el pasado han atacado al fiscal que ha investigado a Keiko y la ha acusado por lavado de dinero y organización criminal, y a periodistas críticos del fujimorismo. A los de “La Resistencia” les gusta tomarse fotos haciendo el saludo nazi. En los actos de violencia de esta semana algunos llevaban chalecos con el lema fascista “Dios, Patria, Familia” escrito en la espalda.

Keiko Fujimori pretendió desmarcarse de la violencia desatada por sus seguidores con un tuit en el que rechazó esas acciones, pero su larga relación con ese grupo extremista es inocultable. Sus discursos llamando a sus seguidores a movilizarse contra un supuesto fraude electoral que es inexistente y para “enfrentar el comunismo” han creado las condiciones para el estallido de esta violencia. Otro personaje cercano a las cabezas de este grupo violento, el excandidato presidencial de ultraderecha Rafael López Aliaga, conocido como “Porky”, ahora aliado de Keiko, incentiva permanentemente la violencia. “Muerte a Castillo”, “muerte al comunismo”, “comunistas malditos lárguense de aquí”, son algunas de las amenazas que el fascista López Aliaga vocifera en cada manifestación pública en respaldo a Keiko.

Lo ocurrido esta semana es el mayor estallido de violencia desde las elecciones y la negativa de la derecha a aceptar su derrota y sus llamados contra la legalidad democrática, pero no el único. Anteriormente, los extremistas de “La Resistencia” atacaron con palos a un grupo de simpatizantes de Castillo que hacían una vigía pacífica frente al local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) esperando la proclamación del presidente electo. Seguidores fujimoristas se han manifestado en repetidas ocasiones frente a los domicilios de los magistrados del JNE y del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la encargada del conteo de votos, gritando amenazas si no favorecían los intereses fujimoristas. En las calles se han visto marchas con símbolos fascistas lanzando gritos de muerte contra todos los que no estén alineados con ellos. Son pequeñas, pero muy agresivas.