Los defensores del Pueblo de la Municipalidad de General Pueyrredon, Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón, insistieron ante el Banco Central de la República Argentina al instarlo a que elabore una solución definitiva para modificar esencialmente la fórmula de actualización del sistema de créditos Hipotecarios bajo modalidad UVA, de modo tal que se conserve la relación entre las cuotas, el capital y la capacidad de pago de los usuarios, entendiendo que esa es la forma de hacer sustentable el sistema, y teniendo en especial consideración la relación de consumo que vincula jurídicamente a tomadores y bancos, y la aplicación de los principios irrenunciables que nacen de la misma.

Además, solicitaron un límite al monto del capital adeudado en virtud de que se dan casos donde el mismo está duplicando y hasta triplicando en su valor, al capital original

Se han presentado en la Defensoría del Pueblo numerosos tomadores de créditos Hipotecarios bajo modalidad UVA, a los fines de solicitar la elevación de su preocupación, a los fines de encontrar una solución definitiva a la problemática que acarrean este tipo de créditos para todas aquellas familias que tomaron un crédito bajo esta modalidad.

Tanto la Defensoría local como otras Defensorías del pueblo provinciales y municipales, han reclamado desde hace meses soluciones en la materia.

La crisis de viviendas que atraviesa nuestro país desde hace años, con la consecuente dificultad de acceder a un techo, motivó que en el año 2016 el gobierno nacional impulsara una nueva modalidad de créditos (novedosa para el país) bajo la modalidad UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), que a diferencia de los créditos tradicionales, tienen una tasa de interés muy baja, pero que su capital se ajusta de acuerdo al nivel de precio al consumidor (inflación).

Al momento de la creación de estos créditos, el país tenía en promedio una inflación del 24% anual, y esta herramienta (creada e impulsada por el Estado) era la única forma de acceder a una vivienda única y permanente.

En el año 2018 se desató en el país una crisis económica y una corrida cambiaria muy importante que rompió con todos los pronósticos sobre el valor del dólar y sobre el índice de inflación, que llevó a un alza general de precios del 48% anual (la mayor inflación desde 1991). La alteración desmedida de las variables que componen la fórmula de reajuste de las cuotas impactó de manera significativa en el monto mensual de las mismas.

Se hace evidente que la fórmula de actualización no toma en cuenta la variación de los salarios conforme al ritmo de pérdida de valor de la moneda, motivo por el cual las cuotas comenzaron a representar una proporción cada vez mayor de los ingresos de los tomadores. Por otro lado, la actualización impacta también en el capital adeudado, incrementándolo en forma desmedida y contribuyendo a la vez a la prolongación del plazo de devolución del préstamo.

En otras palabras, los tomadores: afrontan cuotas más altas que implican un fuerte impacto en sus ingresos, deben cada vez más capital y por un plazo mayor.

A la fecha son más de 100.000 las familias en todo el país que atraviesan serias dificultades para hacer frente al pago de dicho crédito, muchas de las cuales han perdido el trabajo, y como último recurso han tenido que vender la propiedad para poder sacarse de encima el peso de la deuda.-

En diciembre de 2019, la ley 27.541 denominada LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA, se ocupó de esta problemática en el Título VIII, Créditos UVA, disponiendo su Artículo 60: “El Banco Central de la República Argentina realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas y los sistemas de planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor".

Existieron paliativos a esta situación, que lejos de resolver el problema, las medidas dispuestas a través de los diferentes DNU han agravado la situación actual de los tomadores, generándoles nuevas deudas y alargando la vigencia del préstamo.

Es necesario que el Estado elabore alternativas para una modificación de la fórmula de actualización de modo tal que conserve la relación entre las cuotas, capital y capacidad de pago de los usuarios entendiendo que esa es la forma de hacer sustentable el sistema.

Los tomadores de créditos han actuado de plena buena fe, incentivados por el mismo Estado a hacerlo con confianza, a través de campañas publicitarias y promocionales respecto de estos préstamos Por otra parte, resulta de especial consideración el hecho de que el 100% de los préstamos UVA resultan relaciones de consumo, especialmente encuadradas en el marco de la ley 24.240 y el microsistema consumeril, cuyo principio protectorio de los consumidores está consagrado, además, en los artículos 42 de la Constitución Nacional y 38 de nuestra Constitución Provincial.

Conforme se ha visto hasta ahora, queda probado que tales préstamos, otorgados en su mayoría por 20 y 30 años de duración, no resultan sostenibles en el tiempo sin lesionar derechos de los deudores, motivo por el cual se impone encontrar una solución definitiva y sustentable, que garantice la vida pacífica de la relación que une a los contratantes, sin que queden sometidos a cláusulas de ajuste que resultan abusivas y dañinas.

Los afectados por su parte han señalado que “ante esta penosa situación que atravesamos las familias que nos encontramos rehenes de este tipo de créditos, solicitamos que se modifique el sistema de actualización de nuestros créditos (UVA) por otro sistema de actualización que no castigue el bolsillo de las familias, pudiendo ser a través de un sistema tradicional y/o con ajuste a través de C.V.S., y a su vez se revea el crecimiento exponencial de la deuda que ha tenido estos últimos años, permitiéndonos pagar nuestra vivienda en forma sostenible y previsible”.