La comisión de Salud Comunitaria del Concejo Deliberante despachó favorablemente por unanimidad el pedido de informes, presentado por el concejal de Crear -Juntos, Alejandro Carrancio, para que la Secretaría de Gobierno dé a conocer los motivos por lo cual se avanzó en la privatización del examen psicofísico para obtener la licencia de conducir e “informe respecto de los antecedentes de la empresa adjudicataria para poder realizar las tareas objeto de licitación, y si se realizaron observaciones por parte de la Dirección General de Contrataciones y de ser así informe respecto a cómo se subsanaron las mismas”.

El pedido de informes responde al hecho que la Dirección General de Contrataciones certificó que la propuesta no acredita cumplimiento de los artículos del Pliego de Bases y Condiciones que hacen referencia a que la empresa debe presentar matrícula profesional vigente y constancia de capacitación del personal médico afectado (art.5.3), demostrar capacidad técnica e idoneidad (art.5.4) y aportar todo instrumento que demuestre capacidad operativa y económico/financiera (art. 5.5), entre otras.

Cabe traer a colación que firma adjudicataria, Autotransporte SRL, ofertó $29.952.000 para la realización de 93.600 exámenes psicofísicos, a razón de 600 prestaciones por día, durante un plazo estimativo de seis meses.

En tal sentido, Carrancio quiere saber el gasto que hubiera generado la incorporación de personal temporario para realizar las labores por el plazo licitado y “el beneficio comparativo de tercerizar el servicio sobre el contrato de personal municipal”; y la perspectiva a futuro para la realización de la revisión psicofísica una vez vencido el plazo de la licitación.

Durante el tratamiento del expediente, su par de bancada Nicolás Lauria planteó que “los exámenes médicos los realizaba la Secretaría de Salud, como es sabido se había generado un cuello de botella, pero la realidad es que sigue siendo deficiente el servicio de acuerdo a la cantidad de gente que nos informa que no pueden sacar turno para el teórico ni para el práctico. Por eso preguntamos sí realmente estos 30 millones sirvieron para brindar el servicio o no, y sí el gasto hubiera sido menor sí contrataban personal temporario para realizar los exámenes psicofísicos”.

Y concluyó sentenciando que “la eficacia y la eficiencia de este servicio tercerizado no la estamos viendo al día de hoy en función de las quejas que estamos recibiendo de la gente”.

También trascendió que de acuerdo a la documentación obrante en AFIP, Autotransporte SRL tiene habilitada las actividades de servicio de transporte automotor y servicio de emergencia y traslados, por lo que no estaría capacitada para brindar el servicio en cuestión.

Este polémico expediente pasó a formar parte del orden del día del próximo plenario del Cuerpo Deliberativo.