En el marco de la investigación sobre el ex prostíbulo VIP Madaho’s, que ya cuenta con condenas por explotación sexual y diez personas serán juzgadas por lavado de activos, se allanó el estudio jurídico de uno de los involucrados, Alejandro Ferrarello, donde se secuestraron distintos elementos de interés.

La pesquisa sobre sus dos teléfonos celulares y disco rígido arrojó una vinculación con quien todavía era camarista federal en Mar del Plata, Jorge Ferro, lo que valió una denuncia penal y otra en el Consejo de la Magistratura, aunque esta última avanzó hasta que el juez renunció a su cargo.

Tras la profundización de la investigación que quedó en cabeza de la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, y luego de oídas las declaraciones indagatorias, el juez federal Santiago Martín procesó al ex juez por violación de los deberes de funcionario público y a los integrantes del estudio jurídico, Ferrarello y María Mercedes Hernández Morhaín, por tráfico de influencias agravado.

La causa se inició en septiembre de 2016, a partir de la denuncia presentada por el y la fiscal cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) María Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá -quien por entonces era co-titular de ese organismo especializado-, junto al fiscal Nicolás Czizik, entonces a cargo de la investigación de la causa “Madaho’s”.

“La compulsa de correos electrónicos y de llamadas telefónicas, detectaron que existía algún vínculo personal y/o profesional entre el nombrado –en referencia a Alejandro Ferrarello- y el entonces juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Jorge Ferro”, señalaron en la presentación. La hipótesis investigativa marca que Ferrarello habría aprovechado esa relación para ejercer una influencia indebida sobre el magistrado, a la cual Ferro se habría prestado. El análisis de las causas que surgían en las conversaciones dio cuerpo a la acusación.

Tanto la denuncia como el pedido de declaración indagatoria elaborado por Mazzaferri, junto a los fiscales de la PROCELAC, Mario Villar y María Laura Roteta, señalan que existiría una mutua cooperación entre ambos, caracterizada por el asesoramiento y colaboración de Ferro con los asuntos que eran llevados adelante en el estudio que dirigía Ferrarello –aún antes de recibirse de abogado-, accediendo a los pedidos de información sobre expedientes que le formulaba este último. A su vez, a raíz de esa influencia, el ex magistrado habría adoptado decisiones favorables a los intereses de Ferrarello y de los abogados que conformaban su estudio y no se habría excusado en la causa de “Madaho´s”, en la que Ferrarello estaba siendo investigado.

En un caso se tuvo por acreditado que el juez habría brindado asesoramiento jurídico ante la solicitud de Ferrarello, anticipando incluso los proyectos de sus votos, con el agravante de haberlo realizado con causas en pleno trámite.