Los civiles procesados sin prisión preventiva son Carlos Pampillón y la ex agente policial Virginia Sosa. La causa judicial que esta semana avanzó con el procesamiento de los ocho acusados, a partir de una decisión firmada por el titular del Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, se inició hace ocho años, después del acuartelamiento policial del 8 y 9 de diciembre de 2013 que dejó como saldo múltiples episodios delictivos, de violencia y saqueos. Y si bien en noviembre de 2014 el por entonces fiscal Pablo Larriera había pedido al juez llamar a indagatoria a los investigados, ese pedido había sido rechazado por falta de sustento probatorio.

Con el paso de los años la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Nicolás Czizic, volvió a solicitar en febrero de 2018 llevar a esa instancia a los acusados y a partir de la acumulación de nueva prueba el juez accedió y las indagatorias terminaron por concretarse, algunas, a principios de este año.

Con la imputación en marcha, las declaraciones recibidas y la causa reimpulsada, el juez Santiago Inchausti quedó en condiciones de analizar las actuaciones y fue así como este martes procesó sin prisión preventiva a Pampillón, Sosa y a seis policías que formaron parte del impulso del acuartelamiento: Carlos Enrique Turno, Rubén Ferreyra, Daniel Leonardo Silva, Leandro René Bonora, Arturo Vicente Tobares y Adriana Nélida Brussolo.

Todos ellos quedaron procesados como autores de delito de sedición –alzamiento en armas- que determina que “serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir aunque sea temporalmente el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o su renovación en los términos y formas establecidos en la ley”.

Para el juez Inchausti, tras analizar la prueba recolectada en lo que va de la instrucción, los acusados asumieron “una conducta proactiva dirigida a obtener una concesión del Estado provincial y del Ministerio de Seguridad, mediante un levantamiento público de los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, provistos el uso de armas de fuego y otros elementos intimidantes”.