"Solamente en el primer año de gobierno de Macri, hubo aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiados ilegalmente; al menos 307 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales", destaca el informe de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

En el dictamen se destaca que "el modus operandi era ablandar, es decir extorsionar moralmente – en su buen nombre y honor - a personas a través de publicaciones, fake news y testimonios armados para que luego declaren en contra de otras, era una de las tantas tareas de las células, coordinadas con ciertos enclaves en el Poder Judicial y sectores del periodismo”.

"Por ejemplo: la detención preventiva de familiares para negociar su libertad a través de confesiones bajo extorsión. También hubo seguimiento, hostigamiento e instalación del pánico en la víctima.", se señala en el dictamen.

En la Feliz salvo los lobos marinos y el popular sabueso comunitario “Rulo” - omnipresente en cuanta movilización social o evento acontece en el microcentro marplatense -, al menos 50 gremios y organizaciones de la ciudad fueron víctimas del espionaje llevado adelante desde 2016. El espionaje ilegal no se detuvo en las manifestaciones llevadas a cabo por los familiares de los tripulantes del Repunte, del Rigel, al igual que del ARA San Juan, sino que sus tentáculos abarcaron, entre otros colectivos e instituciones, a:

• la Asociación Docente Universitaria Marplatense (ADUM)

• la Federación Universitaria Marplatense (FUM).

• la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP)

• el Colectivo de trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de Mar del Plata.

• el Sindicato Marítimo de Pescadores (SI.MA.PE).

• el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

• la Unión de Trabajadores de la Pesca y Afines (U.T.P.y A.)

• el Colectivo de trabajadores del programa “Incluir Salud” de Mar del Plata.

• el Colectivo de artesanos de la Plaza San Martin, Mar del Plata

• los Faenadores de la cadena de supermercados “Toledo”.

• el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (STIGAS).

• el Sindicato de Trabajadores Municipales de Mar del Plata (STM).

• el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA)

• el Sindicato de Obreros y Empleados Panaderos de Mar del Plata y Zona Atlántica (SOEPMPZA).

• la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

• el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA).

• el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros de la ciudad de Mar del Plata (SICAMM).

• la Unión Tranviaria Automotor (UTA).

• la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU).

• la Asociación Gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS).

• los Trabajadores despedidos de la Gráfica AGR de Mar del Plata. –Sindicato de Luz y Fuerza

• la Confederación General del Trabajo (CGT)

• la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)

Cabe traer a colación que la Comisión Bicameral fue conformada por el diputado del Frente para la Victoria Leopoldo Moreau (presidente), el senador radical por La Pampa, Juan Carlos Marino (vicepresidente) , el senador del Frente para la Victoria Oscar Isidro Parrilli ( secretario), los diputados José Manuel Cano, Sebastián García De Luca, Cristian Adrian Ritondo, el senador Oscar Aníbal Castillo y la senadora Pamela Fernanda Verasay (vocales de Juntos Por el Cambio) y los diputados Blanca Inés Osuna, Luis Rodolfo Tailhade, Eduardo Félix Valdez, y los senadores Claudio Martín Doñate, Sergio Napoleón Leavy y Gerardo Antenor Montenegro ( vocales del Frente de Todos).

El informe llega a la conclusión que “se llevó adelante un plan sistemático ideado en lo más alto del Gobierno Nacional que consistió en la violación de elementales derechos humanos y la persecución de ciudadanos argentinos por el sólo hecho de su pertenencia política”.

Asimismo, concluye que “para esto, se procedió a desarticular el interior de la Agencia Federal de Inteligencia, a poblar las áreas de control con personal afín al Gobierno y a desmantelar progresivamente las herramientas de control internas. Nada de lo sucedido era ajeno al Gobierno, y proliferó en un escenario donde los agentes de inteligencia de carrera tenían imposibilidad de denunciar”.