Entre las iniciativas legislativas elevadas recientemente, al Concejo Deliberante, por el gobierno de Montenegro, además del presupuesto municipal y de las ordenanza fiscal e impositiva, que contemplan un aumento de tasas promedio del 45%, cuyo tratamiento comenzará el miércoles en la comisión de Hacienda, también se destaca el proyecto de ordenanza estableciendo que la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública sólo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal y no podrán llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria.

Esta iniciativa, que aún no tuvo giro de comisión, fija que, luego de determinar estos lugares y en caso de verificarse la existencia de oferta y/o demanda de sexo en lugares u horarios no habilitados, “se impondrá a los participantes una multa de mil a cinco mil Unidades fijas (90 pesos cada unidad) y/o arresto de 5 a 30 días”.

Otro proyecto de ordenanza, que ya ha generado cuestionamientos en el arco opositor, es el nuevo convenio para llevar adelante el sistema de fotomultas, en este caso con la Universidad Nacional de San Martín, que en una primera etapa contempla la incorporación de unos 50 dispositivos ubicados en distintos puntos de la ciudad que fueron determinados a partir del análisis de los lugares donde más siniestros viales se producen. Se estima que en el transcurso del año se instalen unos doscientos dispositivos de detección automática de infracciones de tránsito, entre cinemómetros y semafóricos.

Asimismo, la agenda del Concejo Deliberante durante el nuevo periodo legislativo prevé la elevación de los pliegos de las licitaciones del transporte público de pasajeros y para la gestión del predio de disposición final de residuos, la reforma de la Tasa de Servicios Urbanos y la eventual reformulación del Código de Ordenamiento Territorial.

Tras el fracaso del pliego del denominado Servicio Integrado de Transporte Urbano (SITU), favorecido por el recambio legislativo, Montenegro buscará reeditar el acuerdo institucional con Acción Marplatense para reflotar un proyecto que venía cuestionado por el largo plazo de concesión (20 años con opción a 5 más) y por estar abierto a empresas judicializadas, cuando el 4 de mayo del año pasado en la comisión de Legislación, el voto “no positivo y rupturista” de Alejandro Carrancio, quien hasta entonces era presidente de la bancada oficialista Vamos Juntos, terminó de sepultarlo, dejando entrever asimismo una oscura trama de intereses.

Por entonces, el edil del espacio referenciado por Lucas Fiorini apuntó y descerrajó a quemarropa contra el “fuerte impacto en el costo del boleto” que tendrían las obras de infraestructura previstas e innecesarias, e incomodando a sus pares de bancada, remató que “la decisión de la creación de estas obras no es fundamental para la implementación del sistema porque hoy con el sistema de SUBE que tenemos podemos mantener un sistema de transbordo sin estos intercambiadores”.