CEAMSE radicó una demanda contra el Municipio de General Pueyrredon que se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 con la pretensión del restablecimiento o reconocimiento del derecho y de indemnización de daños y perjuicios, luego de diversos reclamos por vía administrativa rechazados por la comuna tras la no renovación del Convenio Marco por el cual CEAMSE operaba el predio de disposición final de residuos.

La empresa pública reclama por facturas impagas por un monto de $178.836.620. A esa cifra, se le deben sumar los intereses, más daños y perjuicios a raíz del “incumplimiento del contrato atribuible de manera exclusiva a la Municipalidad”.

Las obras realizadas en el Complejo Ambiental General Pueyrredon y que no habrían sido abonadas por la administración municipal, corresponden a la ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Lixiviados y la construcción de la Planta Social de Separación, por $81.384.790,20, y a la ejecución de un Programa de Ordenamiento General y Optimización del Complejo Ambiental Mar del Plata, por $94.451.830,62.

“EMSUR ha procedido a reconocer la procedencia de parte del reclamo oportunamente formulado, no obstante, lo cual hasta el momento sólo ha dado satisfacción parcial a los montos reconocidos”, sostuvieron los abogados de la empresa pública.

Cabe traer a colación que consulado sobre el monto de la deuda por los ediles de la comisión de Hacienda, el presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos, informó que “lo que tenemos registrado es el monto del servicio”, aclarando que “CEAMSE tiene por un lado registrado una parte de infraestructura que eso está en la Administración Central y que, además, todos los certificados que están aprobados de emisión exigible se le cancelaron. Lo que queda es la parte de servicios de 297 millones de pesos que quedaron pendientes y llegamos a un acuerdo que está por volver de CEAMSE y que enviaremos al Concejo para su convalidación de cancelarlo en 24 cuotas”.

Por su parte, el director general Integral de Residuos Sólidos y Urbanos (GIRSU), Mariano Perticarari, añadió que “los certificados de obra que no están pagos en la Administración Central son porque están cuestionados o no están presentados, pero todos los certificados aprobados exigibles se cancelaron”.