En el marco de la inauguración del 140° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández en su alocución aseguró que “no habrá una reforma laboral”, agregando que “los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio. La justicia social jamás puede ser objeto de una negociación”.

“No queremos más ajustes. Nunca defendimos los ajustes. Trabajo para una Argentina grande, con crecimiento y empleo, sin exclusiones y con ampliación de derechos”, aseveró.

Asimismo, sostuvo que “la edad jubilatoria no será alterada. Jubilarse es un derecho y se debe respetar a rajatabla”, dijo. Y aclaró: “Si por el motivo que fuere una persona deseara continuar trabajando después de cumplir la edad que establece la ley, nadie, en principio, debería obligarla a retirarse”.

Reconoció en una parte de su discurso que aún trabajan en los últimos detalles del acuerdo con el organismo de crédito internacional por la deuda de unos 45.000 millones de dólares que solicitó el Gobierno de Mauricio Macri.

“Ahora el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional para llevar adelante un programa que nos permita refinanciar la deuda con ese organismo que nos dejó el gobierno anterior y al cual nos opusimos en su oportunidad”, dijo, añadiendo que “este es el mejor entendimiento que se podía lograr”.

“Aún hoy seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de ese acuerdo que confío concluir a la brevedad”, reconoció.

Cuestionó, además, que "en 2018 el entonces presidente Mauricio Macri decidió pedir 57 mil millones de dólares; conocimos esa decisión a través de un discurso transmitido en cadena nacional. El congreso no lo autorizo ni fue consultado al momento de tomar esa deuda. No quedó nada de ese dinero recibido. Ni un puente, ni una carretera, solo una deuda externa impagable"

También destacó que “en Argentina se acabaron los tarifazos”, y que de ahora en más se avanzará con la segmentación de las tarifas para lograr una mayor justicia.

“Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10% de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios”, afirmó.

Para el resto de los usuarios, manifestó que se inspirarán en la Ley 27.443 votada en el Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri. Esa normativa establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial.

“Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales”, explicó Fernández.

Y agregó que “si alguna persona considerara injusto dejar de percibir un subsidio que a su criterio le corresponde, siempre podrá hacer su reclamo para que su derecho le sea reconocido en tiempo oportuno”.