El juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Fernando Machado Pelloni confirmó el acuerdo al que llegó el empresario Juan Inza –y los otros tres imputados Diego Basílico (por la empresa Peralta Ramos), Carlos Málaga (gerente de la 25 de Mayo) y Federico Pomero (contador)– con el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, y sobre el cual se expidió de manera favorable el Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Alexis Guerrera, en su rol de querellante en la causa, lo que se transformó en clave para que el acuerdo terminara por ser confirmado.

Tras ese acuerdo firmado hace algunas semanas, el juez Machado Pelloni dispuso de manera formal suspender el juicio a prueba por el término de dos años para Inza, Basílico, Málaga y Pomero, lo que representa que no serán juzgados ni condenados, con la particularidad de que una condena en su contra le impediría a Inza, por ejemplo, presentarse en la próxima licitación del servicio de transporte en Mar del Plata.

Como parte del acuerdo alcanzado, los empresarios deberán realizar una “reparación del daño” que consistirá, por un lado, en devolver $21.819.618,67 al Ministerio de Transporte de la Nación, lo cual se hará a través de descuentos en actuales partidas de subsidios o “compensaciones” que se le aportan a las empresas a través del gobierno provincial.

Por otro lado, también deberán construir a lo largo de dos años diez garitas ubicadas sobre la avenida Jorge Newbery.

Cabe traer a colación que en la causa conocida como “Choferes fantasma” quedó acreditado tras más de cinco años de investigación que Inza, Basílico, Pomero y Málaga, estafaron a la administración pública nacional, concretamente al Ministerio de Transporte, ya que cada uno, en su rol de dirección, gestión, administración o trabajo en las empresas 25 de Mayo, 12 de Octubre, Peralta Ramos y El Libertador intervinieron en la maniobra por medio de la cual se cometió la defraudación por un monto aproximado a $16 millones en 2016.

Los investigadores concluyeron que los cuatro acusados desplegaron una maniobra “consistente en inscribir ante distintos organismos públicos –especialmente ante la AFIP- a distintas personas como choferes en relación de dependencia de esas empresas, para las cuales o bien no prestaban funciones, o bien no lo hacían de forma registrada y en esa categoría”, según se desprende de la causa.

En general, se trataba de personas que habían dejado su currículum en busca de trabajo en esas empresas y que, en buena parte, se encontraban desocupadas, incluso beneficiarios de planes sociales a quienes les usaron los datos personales falsamente para darlos de alta en las empresas de colectivos, razón por la cual perdieron dichos beneficios.