En 2017, el gobierno de María Eugenia Vidal promovió un proyecto que reformó el sistema jubilatorio de los empleados del Banco Provincia. Y que, además, terminó afectando el cálculo de los haberes que estaban cobrando quienes ya se jubilaron.

Entre otras cuestiones, además de elevar la edad jubilatoria a los 65 años para todos, estableció el haber en un 70% del que cobra el personal en actividad en lugar del 82% que venía rigiendo.

Una vez aprobada, la norma empezó a ser cuestionada en la Justicia. Miles de jubilados del Bapro presentaron amparos porque sintieron vulnerados sus derechos adquiridos: entre 5 y 8 mil recursos diseminados en los distintos tribunales de la provincia. Y de ellos, 4 mil beneficiarios obtuvieron medidas cautelares por lo que la Caja está liquidando con la formula anterior a la reforma a aquellos amparados por la Justicia y con la metodología vigente a unos 11 restantes.

En medio de los planteos judiciales, el gobierno de Axel Kicillof impulsó una reforma a la ley para volver, en parte, al régimen anterior. Pero el proyecto está trabado en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, en las últimas horas se produjo una novedad. En una reunión reservada, legisladores del oficialismo y la oposición escucharon un planteo de ministros de la Suprema Corte que tienen en sus manos un recurso de inconstitucionalidad que promovió la Asociación Bancaria.

El alto tribunal habría propuesto que el tema debería tener una resolución política. Es decir, que la Legislatura vote la reforma que se está analizando u otra que podría alumbrar.

De lo contrario, directamente el alto tribunal podría avanzar con el dictado de inconstitucionalidad de la ley, con lo cual el impacto sobre las arcas de la Caja del Bapro y de la propia Provincia sería enorme.

En rigor, la delicada situación financiera de la Caja fue uno de los motivos por los que en su momento Vidal avanzó con la reforma. Se estima que el déficit anual sería de unos 15 mil millones de pesos producto, básicamente, de una enorme cantidad de beneficiarios frente a los escasos aportantes al sistema.

En fuentes sindicales se admite que la cantidad de activos es de 10.500 y los jubilados ascienden a 15 mil. Y para lograr una situación de equilibrio se requeriría al menos 3 activos por cada jubilado. La distancia es abismal.