El presidente chileno Gabriel Boric había prometido desmilitarizar los territorios donde hay asentamientos mapuches y resolver los conflictos por la "vía política" pero se vio obligado a volver a decretar el "estado de emergencia" y enviar nuevamente militares a la zona de la Araucanía y otras provincias cercanas, que los grupos mapuches llaman "Wallmapu", y no reconocen como territorio chileno.

Aunque durante la campaña presidencial, Boric tuvo el apoyo de los partidos de izquierda y de las comunidades mapuches a quienes prometió desmilitarizar la zona, la respuesta que esperaba el presidente no fue la que esperaba: los atentados, cortes de ruta, robo de madera y narcotráfico continúan y la presión de los ciudadanos chilenos y algunos gremios lo llevó a tomar la decisión de solicitar en el Congreso una norma para establecer un estado de excepción constitucional para, al menos, asegurar las rutas y la circulación.

Sin embargo, la iniciativa no tuvo el apoyo que esperaba ni siquiera por parte de su propio partido y debió recurrir a un decreto que fue anunciado el lunes por la ministra del Interior, Izkia Siches, la misma que en marzo de este año fue recibida con balazos al aire cuando fue a reunirse con la familia de un joven mapuche muerto a manos policiales en 2018. También encontraron una especie de bandera con un mensaje para Siches: "mientras haya presos políticos mapuches no habrá diálogo".

La región de la Araucanía es la zona roja del conflicto mapuche en Chile y la promesa de Boric de desmilitarizar no cayó para nada bien, de hecho, el candidato de la derecha José Antonio Kast, obtuvo el 60% de los votos contra el 39% de Boric. Allí, la organización político militar mapuche llamada "La Coordinadora Arauco-Malleco", ya había advertido a Boric cuando resultó ganador que no aceptarían el "paternalismo" de la izquierda "hippie, progre y buena onda", y aseguraron que, como pueblo mapuche, tienen su propio ordenamiento político-militar desde antes de la conformación del Estado de Chile.