Mediante el Decreto Nº 1184/22, el intendente Guillermo Montenegro dispuso prorrogar “por el término de un año a partir del vencimiento del plazo dispuesto en el art. 1° de la Ordenanza N° 25.152, el estado de emergencia en el Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros de acuerdo con las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo en el artículo mencionado”.

En los fundamentos del decreto en cuestión, se resalta que “muchos de los efectos de la pandemia aún perduran en nuestra vida cotidiana, consecuencias de un cambio muy profundo en la manera de relacionarnos, trabajar y movernos como sociedad. Que la forma en la que nos movemos fue modificada fuertemente durante las restricciones impuestas en la pandemia y esas formas de movernos aún perduran ya que el transporte público no logra recuperar aún indicadores previos a la pandemia”.

Asimismo, se subraya que “finalizada las restricciones impuestas por la pandemia del COVID 19 para la gran mayoría de las actividades, la Subsecretaría de Movilidad Urbana dependiente de la Secretaría de Gobierno ha verificado un incremento en la demanda del Servicio de Transporte Público de Colectivos que no es suficiente para alcanzar el equilibrio del sistema, que resulta necesario para garantizar la continuidad de este servicio esencial para toda la población.

Se puntualiza que “se han realizado diversas gestiones ante el Ministerio de Transporte de la Nación a fin de obtener un equitativo reparto de subsidios para el transporte del interior del país respecto a lo que percibe el AMBA”; y que “pese a las gestiones antes mencionadas, el magro aumento de las Compensaciones otorgadas por el Ministerio de Transporte de la Nación alcanza en el mejor de casos a igualar los índices inflacionarios, por lo tanto, en conjunto con los subsidios provinciales, a la fecha cubre una cuota cercana al 27% del costo kilométrico total”.

Se detalla que “se registró un índice de pasajeros por kilómetro (IPK) no mayor de 1,935, lo cual en términos efectivos implica el reparto del costo por kilómetro, una vez deducidas las compensaciones y subsidios, en menos de dos pasajeros. Ello es ampliamente inferior al IPK del escenario pre-pandémico, de 2,45 pasajero/Km., propiciando una mayor carga sobre el boleto que abonan los pasajeros”. Por lo cual, “en este contexto nos encontramos frente a un volumen de demanda de aproximadamente 45,73 millones pasajeros, una distancia anual recorrida de 23,632 millones km. y que el último estudio tarifario arrojó un costo total unitario de 249 $/km”.

Finalmente, se indica que “la eliminación de las restricciones dispuesta no alcanza a impactar en la demanda del servicio de transporte público toda vez que, por las particularidades que presenta, los usuarios del sistema continúan con la obligatoriedad de uso de tapabocas, lo que genera en sí mismo una situación disvaliosa respecto del resto de las actividades”.