En el marco de la 6ta sesión ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría la ordenanza que establece modificaciones en el Código de Ordenamiento Territorial (COT) para habilitar un proyecto de emprendimiento inmobiliario en la zona de Chapadmalal, que todavía no fue elevado, consistente en la construcción de un country en ruta 11 a la altura de calle 515. Detrás del cual están las firmas Samarde SRL y Marplanauteados SRL, fundadas por Fernando y Santiago Aguerre hace 9 años, que son dueños de las 100 hectáreas donde se prevé la instalación del barrio privado “Big Sur”.

El Frente de Todos fundamentó su rechazo, sosteniendo que la modificación de una zona para un particular no es una modificación eficiente del Código de Ordenamiento Territorial, objetando asimismo la falta de compensaciones en favor de la Municipalidad, situación que no está contenida en la ordenanza aprobada.

“Lo que estamos votando es una excepción encubierta, tanto es así que incluso el articulo dos de este mismo dictamen es contradictorio con la modificación del código de ordenamiento territorial propuesta en el artículo primero, porque justamente habla de cuestiones vinculadas a las responsabilidades del propietario sí no fueran cumplidas, y eso sucede cuando se habla de una excepción , no cuando se habla de una modificación del código de ordenamiento territorial”, sostuvo la edil del FDT, Sol de La Torre.

Remarcó, además, que “es algo que está orientado a una sola parcela de un predio de un particular donde sabemos que hay proyecto de desarrollo urbanístico, pero que no viene acompañado del expediente, sino que nos enteramos por los propios desarrolladores que se acercaron a la comisión. Por lo tanto, interpretamos esta norma como una excepción, que no viene con factibilidad hídrica, con estudios viales, sin compensaciones establecidas ni un estudio del plus valor que va a generar a esa tierra conforme la modificación del Código que se está proponiendo”.

Añadiendo que “Esto no nos sorprende porque es la metodología, que se viene utilizando desde el gobierno del intendente Montenegro, para que avance la urbanización sobre la zona sur de la ciudad sin planificación ni previsión de los impactos que va a generar en una zona donde, por ejemplo, hay un problema estructural respecto al acceso al agua que es evidente, no solo por los reclamos de los vecinos sino, también, porque el propio presidente de Obras Sanitarias lo reconoció en relación a la problemática que están teniendo para abastecer y garantizar la provisión de agua”.

Por su parte, desde el oficialismo aseguraron que los privados asumieron un “compromiso” con los vecinos. Y que se sigue “trabajando” en torno a las dudas desatadas por los estudios de prefactibilidad de servicios: cuestiones que se deberán zanjar a medida que avance el proyecto inmobiliario, pero que hoy no están reflejadas en el expediente que aprobó el Cuerpo.