La investigación por la muerte de Diego Armando Maradona llegó a su fin a mediados de abril último. El miércoles 13 de abril por la mañana los fiscales Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que investigaron los últimos días del Diez antes de su fallecimiento bajo la conducción del fiscal general John Broyad, decidieron concluir con la etapa de instrucción y solicitaron formalmente que la causa sea elevada a juicio oral tras 504 días de investigación en un expediente de cuatro mil fojas. Testimonios, indagatorias, estudios médicos, chats y conversaciones telefónicas del entorno del ex capitán y DT de la Selección.

Hoy, finalmente, Orlando Díaz, juez de Garantías del caso, cumplió con el paso necesario y firmó la elevación a juicio de la causa. Se espera que el proceso comience entre finales del 2023 y principios del 2024 y dure varios meses.

Los acusados son ocho: el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

Todos están acusados del delito de homicidio con dolo eventual, un delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años.

En el inicio del pedido de elevación a juicio presentado en abril, los fiscales realizan una introducción en la que plantean, con firmeza, la existencia de un “cúmulo de conductas penalmente relevantes” que “condujeron” a Maradona a su “triste fallecimiento”.

“La prueba conducía, inicialmente, a mostrar la responsabilidad de los doctores Luque y Cosachov, con injerencia directa en el resultado muerte, permitieron dar andamiaje a otras pruebas. Eso condujo a detectar la responsabilidad de Díaz como integrante del cuerpo médico tratante, de los responsables de las empresas que coordinaron la fallida internación domiciliaria (Forlini y Perroni), de los enfermos presentes en el momento más crítico (Almirón y Madrid) y del médico clínico designado para esa temeraria internación domiciliaria (Di Spagna)”, escribieron los investigadores.

Luego, en el documento, los fiscales hicieron una mención especial a la injerencia de la famosa “junta médica”, que reunió a veinte profesionales de la salud que analizaron la situación médica de Diego, con su autopsia realizada en la Morgue de San Fernando y su historia clínica completa: “La junta interdisciplinaria, desarrollada con un sinnúmero de peritos de alto prestigio de diversas especialidades derivó en, sobre todas las cosas, las responsabilidades penales que están a la vista. Diecisiete de veintidós peritos, que contaron con la totalidad del material que era necesario para ese estudio, elaboraron esas conclusiones inequívocas”.

Además, en las primeras páginas, los fiscales redactaron una conclusión antes de desmenuzar cada una de las pruebas: “Nos encontramos hoy a poco más de un año de su muerte con certezas, y en condiciones de afirmar, que las personas que hoy, en éste requerimiento se mencionan, han tenido responsabilidad penal en el fallecimiento de Diego Armando Maradona”.

En el resto del escrito, los fiscales realizaron un resumen de los distintos chats y audios que constan en el expediente. Muchos de los cuales fueron expuestos por Infobae en el documental “La muerte de Maradona”. Además, valoraron cada una de las declaraciones indagatorias que realizaron los imputados y de las testimoniales que se sumaron a la causa.

Lo redactado por los investigadores de San Isidro es particularmente duro con los profesionales de la salud acusados:

“Los imputados no son otros que los que deben estar sentados en el banquillo. Deben responder por aquel cúmulo de acciones y omisiones notoriamente burdas que incrementaron de manera elocuente el riesgo permitido concretando el fatal desenlace del mayor ídolo del fútbol mundial que, a todas luces, hubiese podido evitarse. Las omisiones de actos específicos que debían ejecutar colocaron a la víctima en una situación de desamparo pocas veces vista librándolo a su suerte”, redactaron.